El gobernador Rohel Sánchez podría afrontar una nueva denuncia penal. Esto tras mantener en el cargo al gerente regional de Energía y Minas, Iván Prado Barreto, pese a que fue interpelado por el Pleno del Consejo Regional de Arequipa (CRA). La acción legal será interpuesta por el consejero César Huamantuma Alarcón si persiste el incumplimiento por no destituirlo, por los delitos de abuso de autoridad y desobediencia a la autoridad.
“Vamos a solicitar un requerimiento de cumplimiento del Acuerdo Regional (donde se dispone su censura). Si el gobernador no cumple, la demanda está lista para ser interpuesta. Me resulta extraño que haya un funcionario que se niegue a salir del cargo”, declaró el consejero Huamantuma.

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Malcriado interpelado
Como se recuerda, hace dos semanas el Consejo Regional se programó la interpelación de Ivan Prado. Esto luego de que el funcionario hiciera un desplante a la comisión de Energía y Minas, pues se retiró en plena mesa de trabajo y les dijo «hablen con mi jefe», en alusión al gobernador Rohel Sánchez.
Tras esto, los consejeros juntaron las firmas y aprobaron la moción de interpelación. A pesar de que Prado Barreto estaba obligado a asistir a la sesión para responder las preguntas de los consejeros, no fue. Según dijo, por problemas de salud. Además, argumentó que el pleno regional no tenía las facultades para censurarlo. Lo mismo adujo el gobernador, quien a través de un oficio que envió al Consejo Regional aseguró que la interpelación en el ámbito regional es inconstitucional. Sin embargo, la norma está vigente y debe aplicarse.

Luego de la aprobación de la interpelación, Rohel Sánchez tenía cinco días para quitarle la confianza a Iván Prado. Sin embargo, lejos de removerlo del cargo, lo respaldó públicamente en una clara confrontación política al legislativo regional. Su argumento se basa en que los consejeros no tienen facultades de interpelación. Este análisis también sirvió para que el propio gerente interpusiera una acción de amparo ante el Poder Judicial.
Se aferra al cargo
El presidente del CRA, Osías Ortiz Ibáñez, señaló que la medida cautelar presentada por el funcionario de confianza del gobernador fue puesto a disposición de sus colegas. Según el consejero, el objetivo de Iván Prado es aferrarse al cargo hasta agotar la vía judicial. Ahora está en manos del Poder Judicial definir si la interpelación es legal o carece de fundamentos.
“El funcionario involucrado ha puesto una demanda de acción de amparo para que no se cumpla el Acuerdo de Concejo. El gobernador está asumiendo eso e interrumpiendo la aplicación del acuerdo. Ahora corresponde analizar. Hemos remitido a los consejeros para que tengan conocimiento a nivel de sus asesores y podamos tener una posición. Es una leguleyada. El gobernador debió cumplir. Se ha llevado al fuero judicial, el fuero judicial te pone un status quo para que no se aplique su destitución. Vamos a pedir opiniones legales”, dijo Ortíz Ibáñez.

Una posición contraria tiene su homólogo César Huamantuma, quien explicó que mientras no exista un fallo judicial el acuerdo donde se dispone su censura debe cumplirse. “El gobernador ha dicho que se ha judicializado. No hay ninguna medida que nos diga que no apliquemos el acuerdo. El señor no quiere moverse del cargo y ha pedido una medida (acción de amparo), pero todavía no hay un pronunciamiento del Poder Judicial y por tanto debe irse”, añadió Huamantuma.