Por Gustavo Puma Cáceres. Planificador Urbano Territorial y Portuario, Gobernanza Territorial y Gestión de Ciudades Puerto. (en colaboración con B. Arq. Kamila Delgado Sotta)
En todos los países las licitaciones públicas deberían ser el pilar de desarrollo para las empresas nacionales y garantizar de infraestructura de calidad. Pero, en los últimos años, en el Perú y ahora en Arequipa, estos procesos de adjudicación parece que estuvieran estructurados para beneficiar a empresas extranjeras, específicamente chinas, en perjuicio de constructoras nacionales y regionales. Esta situación no representa una competencia justa, más bien parece una estrategia para monopolizar la obra pública.
Según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), entre 2019 y 2022, se adjudicaron 120 obras públicas en el país por un valor total de S/ 15,452 millones a empresas chinas como China Railway Construction Corporation (CRCC), Sinohydro, China Communications Construction Company (CCCC) y China Gezhouba Group Corporation (CGGC). Arequipa no ha sido la excepción: importantes proyectos viales, de saneamiento y la construcción de hospitales han sido adjudicadas a empresas extranjeras.
Una de las principales razones detrás de esta situación es la imposición de requisitos financieros y técnicos excesivos en los procesos de licitación. Por ejemplo, las bases de licitación exigen líneas de crédito equivalentes al 30% o 40% del valor referencial del proyecto. Un requisito innecesario que no está estipulado en la ley y que no debería ser necesario, ya que las obras públicas cuentan con un financiamiento asegurado. Porque, ¿quiénes pueden cumplir con esta condición? Sólo los grandes consorcios internacionales que cuentan con el respaldo de la banca privada.
El problema no solo se limita a los requisitos financieros. Se ha identificado que varias empresas chinas, aunque registradas como independientes, participan operando como un grupo coordinado en los mismos procesos de licitación. Esta estrategia, similar a la formación de un cartel, al mismo estilo del club de la construcción, les permite acaparar contratos y bloquear la participación de la competencia. Según un informe publicado por el diario Gestión, Capeco ha denunciado estas irregularidades y ha solicitado medidas correctivas para establecer condiciones más justas. Pero hasta la fecha, el gobierno no ha dado respuesta o no le interesa.
La exclusión de las empresas nacionales y locales en la obra pública tiene consecuencias negativas para el desarrollo de Arequipa. Dado que la construcción es uno de los sectores que más empleos genera en la región, si las empresas locales son excluidas de los grandes proyectos, se pierden muchos puestos de trabajo de forma directa e indirecta. Además, la reducción de la competencia puede derivar en sobrecostos y en una menor calidad de las obras, perjudicando de esta manera a la población que dependerá de esas infraestructuras.
Si no se corrige este rumbo, Arequipa podría quedar atrapada en un modelo de dependencia en el que solo empresas extranjeras ejecutan grandes obras. Limitando el desarrollo del sector construcción y reduciendo la circulación de capital dentro de la región.
Para garantizar una competencia justa, es necesario redefinir los criterios de selección de las licitaciones, eliminando los requisitos financieros innecesarios. Y estableciendo mecanismos de financiamiento que sean accesibles para empresas locales. Además, es necesario fortalecer el papel de la supervisión en los procesos de contratación, impidiendo la ejecución de prácticas monopólicas encubiertas. Adicionalmente, el gobierno regional y central en su deber de proteger el empleo y el desarrollo económico de la región debería de formular políticas que fomenten la contratación de empresas peruanas.
