La población del centro poblado de Umachulco, en el distrito de Cayarani (Condesuyos), exigió una solución inmediata al afloramiento de aguas contaminadas atribuido al cierre de la mina Poracota, operada por la empresa minera Buenaventura. Ante la falta de respuestas concretas, los habitantes advirtieron que, si no se atiende el problema en un plazo máximo de 30 días, iniciarán protestas que incluirán el bloqueo de la Vía Panamericana.
El viceministro de Electricidad, Víctor Carlos Estrella, visitó la zona afectada para recoger las demandas de la población. Durante su intervención, anunció la instalación de una mesa de diálogo con la empresa minera involucrada. “Aquí son ocho ministerios los que deben intervenir para solucionar esta contaminación. Salud debe encargarse del análisis y muestreo. En cuanto a mi competencia, me comprometo a dialogar con la minera Buenaventura y deslindar responsabilidades”, declaró.
Sin embargo, sus declaraciones no calmaron el malestar de los habitantes. La teniente alcaldesa de Umachulco, Silia Quispe López, confirmó que su comunidad ha dado un plazo de 30 días para que se presente una solución definitiva. De lo contrario, tomarán medidas de fuerza.
La consejera regional Natividad Taco Cueva pidió la intervención del Ministerio de Agricultura para desarrollar planes de remediación en los pastizales contaminados. También solicitó la participación del Ministerio de Vivienda para garantizar el tratamiento del agua destinada al consumo humano, debido al riesgo de contaminación de fuentes subterráneas.
Taco cuestionó la información oficial difundida por las entidades fiscalizadoras. “La población no está conforme con el informe de la OEFA. Ellos denuncian que desde el 2019 se inició el afloramiento, pero OEFA registra este evento desde el 2023. Estamos en 2025 y no hay solución definitiva”, señaló.
Según la consejera, la empresa instaló un sistema de filtración tipo wetland a base de totora. Sin embargo, consideró que esta infraestructura no es suficiente para retener los metales pesados que emergen del subsuelo del sector Poracota.
Carlos Cabanillas, representante del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), sostuvo que la entidad fiscalizó a Buenaventura y ofició a la empresa para implementar planes de contingencia que mitiguen los daños ambientales y la acidez del agua. Informó además que se realizaron análisis actualizados de suelos y fuentes hídricas afectadas.
Mientras tanto, la comunidad de Umachulco mantiene su posición de protesta ante lo que consideran una respuesta insuficiente por parte del Estado y de la empresa responsable. La exigencia principal es una intervención multisectorial efectiva que permita contener los daños ambientales y evitar mayores riesgos para la salud pública.
