Los más altos funcionarios de la Gerencia Regional Ambiental (GRAM), antes Autoridad Regional Ambiental (ARMA), se encuentran bajo la lupa de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa. Donde ahora obra una denuncia penal por las contrataciones de dos ingenieras “fantasmas”.
La acción legal se sustenta en el informe de fiscalización presentado hace tres semanas por el consejero regional César Huamantuma Alarcón. Este alertó sobre posibles actos irregulares en el proceso de contratación de Lucia Pérez Acevedo y Diana Cóndor Sánchez, convocadas bajo la modalidad de locación de servicios. Las mencionadas presentaron los mismos informes para cobrar sus honorarios y, según testigos, nunca pisaron la entidad.
Presentaron la denuncia
La investigación comprende al gerente regional Ambiental, Fernando Mejía Vargas; al subgerente de Calidad Ambiental, Jacob Salazar Aldana; al exjefe de la Oficina de Logística del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Erick Apaza Palo; así como a las extrabajadoras directamente involucradas Lucía Pérez Acevedo y Diana Cóndor Sánchez.
El abogado Carlos Arturo Salas Vildoso, como director general del Instituto de Estudios Constitucionales e Investigación en Derechos Humanos Solidaria Perú, fue quien presentó la denuncia. Explicó que las investigaciones del Ministerio Público podrían revelar la comisión de delitos como favorecimiento y cobro indebido, pues existen suficientes indicios de corrupción.
“Los elementos de convicción que acompañan el expediente son tan categóricos que aquí no hay marcha atrás. De todos modos, respetamos la presunción de inocencia. Pero hay bastantes inconsistencias. La Fiscalía tendrá que determinar conforme a sus atribuciones los delitos en los que habrían incurrido”, señaló el letrado Salas Vildoso.
Por su parte, el consejero Huamantuma señaló que existen nuevos fundamentos para la denuncia. Esto luego de que los funcionarios involucrados admitieran haber participado en la evaluación de los locadores de servicios, pese a que ambas formaron parte de la consultora personal del subgerente Jacob Salazar Aldana.
La sombra de la sospecha
Una de las irregularidades que se detectó es que las flamantes ingenieras contratadas obtuvieron sus certificados de trabajo de la consultora personal del subgerente Jacob Salazar Aldana, JESA EIRL. Lo más grave: él mismo formó parte del comité de selección, en un evidente conflicto de intereses. Como si fuera poco, el gerente Fernando Mejía Vargas, otro miembro del equipo de «expertos» de JESA EIRL, también participó en la elección.
El escándalo se agudiza con las revelaciones de presuntos plagios en los informes presentados por Pérez y Cóndor. Se detectaron firmas diferentes, duplicidad de contenido y la sospecha de que los documentos pertenecen a terceros. Además, las irregularidades se extienden a un sospechoso incremento salarial de 18 mil soles por 20 informes mensuales, pasaron a percibir 7 mil soles por solo 10 informess. Lo que ha generado dudas sobre la justificación de tal aumento y la calidad del trabajo realizado.
Finalmente, la trama se complica con la denuncia de Meliza Mamani Álvarez, trabajadora de larga trayectoria bajo el régimen 276. Esta alega haber sido removida injustamente de sus funciones tras descubrir que uno de sus informes fue utilizado para justificar el trabajo que las ingenieras involucradas supuestamente nunca realizaron. Además de señalar que nunca las vio en la sede de la Gerencia Regional Ambiental.
Ahora la pelota está en la cancha del Ministerio Público, que tendrá que determinar si existieron actos de corrupción en la contratación de ambas exservidoras de la GRAM y si se generaron perjuicios económicos al Estado con sus requerimientos.
