La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso blindó a un grupo de legisladores acusados de recibir «doble sueldo». Esto luego de declarar improcedente la denuncia constitucional en su contra. Con 13 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, la SAC archivó la denuncia 549, que implicaba a 11 congresistas. Entre ellos José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín. Esto habrían promovido y aprobado una norma que les permitió percibir dos remuneraciones mientras ejercían como parlamentarios.
La decisión de la SAC se basó en el argumento de que «no se puede penalizar el ejercicio de la función legislativa cuando está acorde con la Constitución». Además, señalaron que investigar a los congresistas «significaría disminuir sus derechos». Con esta resolución, se cerró la posibilidad de que el Ministerio Público investigue a los legisladores involucrados. Esto pese a que la doble remuneración está prohibida para miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
En la misma sesión, la SAC también decidió devolver el informe de calificación sobre las denuncias contra las exfiscalas Patricia Benavides y Patricia Chirinos. Con 15 votos a favor, se ordenó a la Secretaría Técnica revisar el informe y cambiar la calificación de «inadmisible» a «improcedente». La congresista Martha Moyano lideró esta iniciativa, argumentando que la denuncia no podía subsanarse y que no correspondía analizar su fondo.
«En este caso, la denuncia debe ser calificada como improcedente. No podemos decirle a alguien que antes no tenía legitimidad para denunciar que ahora busque a otra persona que sí la tenga», sostuvo Moyano. Por su parte, el congresista José Jerí cuestionó los fundamentos de la denuncia y respaldó la necesidad de cambiar su calificación.
El caso de los «doble sueldos» ha generado controversia desde que se reveló que cinco congresistas, todos exmilitares o expolicías, se beneficiaron de una norma que les permitió recibir su pensión y su salario como legisladores simultáneamente. El Ministerio Público sostiene que esta práctica es irregular, pero la norma aprobada por el Congreso estableció una excepción exclusiva para este grupo.
La decisión de la SAC ha sido criticada por sectores que consideran que se está protegiendo a los legisladores de investigaciones que podrían revelar irregularidades. Mientras tanto, el caso de Benavides y Chirinos sigue en revisión, y se espera que la Secretaría Técnica presente un nuevo informe en los próximos días.
Este episodio refleja las tensiones entre el Congreso y el Ministerio Público, y pone en evidencia los desafíos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder legislativo. Con estas decisiones, la SAC ha dejado en claro que, al menos por ahora, los congresistas involucrados no enfrentarán consecuencias por las acusaciones en su contra.
