El Sindicato Regional de Directores de Arequipa llevará al Ministerio de Educación a instancias judiciales si no se revisa el proceso de evaluación que desaprobó al 65% de los 281 directores evaluados en la región. Juan José Allasi Roque, subsecretario general del sindicato, confirmó que la demanda judicial buscaría anular los resultados de la evaluación y proteger los derechos de los directores afectados para que puedan continuar en sus cargos sin afectar el inicio del año escolar 2025.
“Hemos agotado todas las instancias administrativas. Si para el lunes 10 de marzo no hay una respuesta concreta del Ministerio de Educación, presentaremos una demanda judicial”, declaró Allasi. El sindicato argumenta que el proceso de evaluación estuvo marcado por irregularidades graves, incluyendo la falta de objetividad en los criterios utilizados y la inexperiencia de los evaluadores contratados por el Ministerio.
Evaluadores sin experiencia y criterios subjetivos
Según Allasi, los evaluadores externos, contratados por el Ministerio de Educación, eran en su mayoría estudiantes de alrededor de 24 o 25 años, sin experiencia en gestión educativa. “Estos evaluadores no tenían conocimiento directo de las funciones que realizan los directores en las instituciones educativas. Priorizaron percepciones subjetivas”, explicó.
“Las encuestas aplicadas por los evaluadores estaban mal diseñadas. Por ejemplo, se preguntaba a los docentes si las capacitaciones impartidas por los directores eran útiles o no. Y basándose en una o dos respuestas negativas, se desaprobaba a directores que, en realidad, cumplieron con todas sus responsabilidades”, explicó Allasi.
El sindicato detalló que algunos directores fueron desaprobados por razones que no reflejaban su desempeño real. “Encontramos casos en los que directores fueron penalizados por detalles menores, como encontrar un ‘ayudín’ en un aula”, señaló Allasi.
Además de los criterios cuestionables, Allasi mencionó que los resultados fueron postergados en cinco ocasiones, lo que, evidencia incongruencias y falta de transparencia. También se vulneró el derecho a la privacidad de los resultados que tiene cada director al hacerse pública la lista de los desaprobados.
Según el sindicato, los directores afectados se encuentran en un limbo administrativo, con sus encargaturas extendidas hasta marzo, pero sin claridad sobre su futuro. “Si no se resuelve este conflicto, la planificación del año escolar se verá seriamente afectada”, advirtió Allasi.
