El Congreso de la República vuelve a dar la espalda a la ciudadanía. A pesar de la creciente ola de criminalidad que azota al país, la ley que busca restituir la detención preliminar no figura en la agenda del Pleno del jueves 6 de marzo. Este aplazamiento, que ya supera el mes y medio, ha generado indignación entre parlamentarios y expertos. Estos exigen acciones inmediatas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
La congresista Susel Paredes, del Bloque Democrático, ha sido una de las voces más críticas. Mediante un oficio dirigido al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, pidió incluir el debate y votación de la ley en la sesión del jueves. Paredes argumentó que la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia limita la capacidad de los fiscales para investigar delitos complejos, como el crimen organizado y la corrupción.
Sin embargo, la Junta de Portavoces, reunida el martes, no priorizó el tema. Fuentes parlamentarias confirmaron que ningún vocero solicitó incluir el debate en la agenda. Lo que ha sido interpretado como una falta de compromiso con la seguridad ciudadana. “Estamos a favor de la insistencia y esperamos que Salhuana cumpla su palabra”, declaró el congresista Jaime Quito, de la Bancada Socialista. Mientras que Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, también respaldó la urgencia del debate.
El retraso en la restitución de la detención preliminar tiene un trasfondo político. La norma fue eliminada en diciembre pasado, durante el gobierno de Dina Boluarte, pero tras fuertes críticas, el Congreso retrocedió y envió una autógrafa para restablecerla. Sin embargo, el Ejecutivo observó la norma, y desde entonces, el tema ha quedado en un limbo legislativo.
La congresista Ruth Luque intentó convocar un pleno extraordinario para debatir la ley, pero solo logró reunir 26 firmas de las 78 necesarias. Las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza Para el Progreso, señaladas por su cercanía con políticos implicados en casos de crimen organizado, no apoyaron la iniciativa. Este aplazamiento beneficia a figuras como Fredy Hinojosa, Julio Demartini y Vladimir Cerrón, quienes enfrentan investigaciones por delitos graves.
Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, había prometido que el debate se realizaría en el Pleno del 6 de marzo. Sin embargo, la agenda publicada no incluye el tema. Ante la presión de parlamentarios como Susel Paredes, aún existe la posibilidad de que se convoque una nueva Junta de Portavoces para reconsiderar la inclusión del debate.
Mientras el Congreso posterga, la criminalidad avanza. La restitución de la detención preliminar no es solo una herramienta legal, sino una esperanza para millones de peruanos que exigen seguridad y justicia. La pregunta es: ¿cuánto más tendrá que esperar el país?
