El juez Walter Marroquín Aranzamendi, del 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ordenó la expulsión de ocho ciudadanos colombianos. Los extranjeros, detenidos el 24 de febrero, cometieron actos de violencia y resistencia contra la autoridad. La decisión judicial establece que cumplirán prisión efectiva hasta concretar su deportación y pagarán una reparación civil de 600 soles, monto que ya cancelaron.
La noche del 24 de febrero, efectivos policiales intervinieron a un grupo de extranjeros. Estos estaban generando disturbios en la avenida Vidaurrazaga, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Al abordarlos, los agentes enfrentaron resistencia: los detenidos se negaron a identificarse y los intimidaron con machetes e insultos. La situación obligó a la policía a realizar disparos disuasivos al aire para controlar a los agresores.
Entre los detenidos figuraba un menor de edad, quien quedó bajo la custodia del Juzgado de Familia. Los implicados reconocieron ser hinchas del equipo colombiano Deportes Tolima y admitieron protagonizar disturbios con armas blancas, lo que alarmó a los vecinos de la zona.
Los ciudadanos colombianos que enfrentarán la deportación son Andrés Felipe Tapiero Ruiz, Julián Harvey Aguilar Ramírez, Denilson Esquivel Asensio, Estefany Cerquera Acosta, Vany Joyce Pardo Aguilar, Karen Tatiana Gonzales Alape, Juan José Serna Leal y Andrés Camilo Hernández Díaz. El juzgado destacó la rápida actuación de los órganos jurisdiccionales de la Unidad de Flagrancia, junto con el Ministerio Público y la Defensa Pública, para resolver el caso con eficiencia.
Justicia célere
Este fallo judicial refuerza el compromiso de las autoridades peruanas con la seguridad ciudadana y el respeto a la ley. La expulsión de los implicados busca garantizar la tranquilidad en la comunidad y prevenir futuros actos de violencia. Las instituciones demostraron que actúan con firmeza frente a quienes vulneran el orden público.
Con esta decisión, Arequipa reafirma su compromiso con la protección de sus ciudadanos y el mantenimiento del orden. La coordinación entre autoridades judiciales y policiales permitió resolver el caso con celeridad. Y se envía un mensaje claro: la justicia no tolera actos de violencia contra la autoridad ni contra la comunidad.
