El Consejo de Prensa Peruana (CPP) ha emitido una alerta en su informe de libertad de expresión de febrero. El sentido es la crítica al proyecto de ley presentado por la congresista María Agüero (Perú Libre). La iniciativa busca fiscalizar a los medios de comunicación, exigiendo que reporten sus actividades, propietarios, fuentes de financiamiento y audiencia al Estado peruano. De no cumplir, los medios enfrentarían sanciones que van desde multas hasta la suspensión o cancelación definitiva.
El CPP calificó la propuesta como una “iniciativa policiaca” que podría derivar en persecución contra los medios, tal como ha ocurrido en otros países. Además, señaló dos vacíos importantes en la norma. El primero es la sobreregulación, ya que datos como los propietarios y fuentes de financiamiento ya son reportados a la Sunat. El segundo es que las sanciones de suspensión o cierre solo afectarían a medios formales, dejando fuera a los informales y digitales.
“El periodismo no le debe explicaciones al Poder Ejecutivo sobre la utilización de sus recursos”, sentenció el CPP. Y advirtió que la amenaza de cierre de medios es antidemocrática y atenta contra la libertad de empresa.
Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del CPP, reforzó esta postura en diálogo con La República. Salazar sugirió que el proyecto podría ser una “venganza” de Agüero contra la prensa. Esto debido a las investigaciones y coberturas periodísticas que han expuesto sus polémicas declaraciones y presuntas irregularidades.
Mochasueldos
Agüero ha sido criticada por afirmar que su sueldo de S/15,600 no le alcanza para vivir, una frase que repitió en 2021 y 2023. Además, la congresista enfrenta una investigación por presunto recorte de sueldo a trabajadores de su despacho. Es acusada de obligar a 12 empleados a devolver parte de sus haberes entre junio de 2022 y mayo de 2023. La Fiscalía también investiga un incremento injustificado de su patrimonio, sumando cargos por concusión y enriquecimiento ilícito.
El 5 de noviembre de 2024, la Fiscalía allanó la vivienda de Agüero en Breña, su oficina congresal y dos inmuebles en Arequipa como parte de la investigación. Estos hechos han sido ampliamente cubiertos por la prensa, lo que, según Salazar, podría explicar la motivación detrás del proyecto de ley.
“La prensa recogió su declaración y nos cogió un poco de odio por eso. Esto evidencia que lo que hay siempre en este tipo de proyectos es una venganza contra quienes alertan sobre el mal ejercicio del poder”, expresó Salazar.
El CPP reiteró su preocupación por el impacto que tendría esta ley en la libertad de expresión y la democracia. E instó a las autoridades a rechazar una iniciativa que, según ellos, busca controlar y silenciar a los medios de comunicación.
