Un nuevo capítulo se abre en el caso de lavado de activos que sacude a la política peruana. Por orden del juez Víctor Zúñiga Urday, la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) incautó 117 inmuebles de 12 personas. Entre ellas los excongresistas fujimoristas Joaquín y Osías Ramírez Gamarra, y Pier Figari, exsecretario de organización de Fuerza Popular. También figuran Nancy Gallegos, viuda del exrector de la Universidad Alas Peruanas (UAP), Fidel Ramírez, y sus hijas.
La Fiscalía sostiene que el clan Ramírez, en complicidad con Keiko Fujimori y Figari, operó una red criminal que desfalcó la UAP. Según las investigaciones, Fidel Ramírez compraba o alquilaba inmuebles a Joaquín y Osías Ramírez para la universidad mediante contratos leoninos. A cambio, el clan Ramírez habría facilitado a Keiko Fujimori la transacción de un lujoso predio en Cieneguilla y simulado la contratación de Figari como asesor.
Aunque Keiko Fujimori no aparece como propietaria de los inmuebles incautados, la Fiscalía la vincula directamente al caso. Según la resolución judicial, Fujimori y Figari formaron un “brazo político” que blindó a la organización criminal, impidiendo propuestas legislativas para fiscalizar universidades y cooperativas. Además, Joaquín Ramírez habría financiado la campaña presidencial de Fujimori con fondos ilícitos provenientes del desfalco a la UAP.
Entre los bienes incautados destacan 53 propiedades de Joaquín Ramírez y sus empresas. Incluyendo Lima Ingeniería y Construcción, donde Keiko Fujimori estableció su centro de operaciones durante la campaña de 2016. También se incautaron 30 inmuebles de la viuda de Fidel Ramírez y sus hijas, y 4 propiedades de Osías Ramírez. La Fiscalía detectó aumentos de capital inusuales en empresas vinculadas a los Ramírez, que superan los S/34 millones, presuntamente de origen ilícito.
La defensa de la UAP rechazó las incautaciones, argumentando que la universidad fue víctima del desfalco y que sus ingresos superaron ampliamente el valor de sus bienes. Sin embargo, el juez Zúñiga ratificó la medida, basado en la acusación de la Fiscalía, que señala que la UAP fue utilizada como fachada para lavar dinero.
Este caso expone una compleja red de corrupción y lavado de activos. Y también pone en evidencia los vínculos entre el poder político y el financiamiento ilícito. Mientras las investigaciones avanzan, la sombra de la impunidad parece desvanecerse, aunque las preguntas sobre la magnitud del desfalco y la responsabilidad de los implicados aún esperan respuestas.
