Una nueva denuncia fiscal recae sobre el gobernador Rohel Sánchez Sánchez y otros funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). El ciudadano Fulgencio Ruiz Herrera los acusa de omitir sus funciones y otorgar los derechos de dos predios a la empresa minera Southern Copper Corporation sin el debido procedimiento.
Junto al gobernador, la gerente general del GRA, Norma Mamani Coila; el jefe de la Oficina de Planeamiento, Víctor Hugo Quispe Rodríguez y la jefa de la Oficina de Acondicionamiento Territorial, Luz María Torres Tejada también son investigados por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa.
Los hechos
Según la denuncia, los funcionarios nombrados dieron en concesión tres predios a la compañía minera para desarrollar actividades de explotación. Estos terrenos están comprendidos entre Mejia y Cocachacra. Sin embargo, solo uno de estos terrenos debió ser otorgado, puesto que los otros actos de otorgamiento no estaban inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
La no inscripción de estos derechos en SUNARP impide que los organismos del Estado tomen conocimiento de la entrega a favor de Southern Copper Corporation. Por ende, no pueden exigir que la compañía cumpla con sus obligaciones de acuerdo a ley, como impuestos y arbitrios. Esto ha provocado que la empresa no asuma la obligación de sufragar los gastos de agua y fluido eléctrico
Además, al gobernador y sus funcionarios se les acusa de no hacer respetar la zonificación ecológica económica (ZEE). Y es que estos terrenos otorgados están dentro de esta área, que en teoría debería ser apta para cultivos y otras plantas perennes con potencial hídrico subterráneo.
Pero ahora, tras el otorgamiento de los derechos de los predios, se pretende construir una planta de procesamiento de 100 mil toneladas por día de mineral, así como el reposo de ripios y relaves. Actualmente, Southern Copper Corporation tiene la posesión de los predios; mientras que los investigados no han realizado ningún acto administrativo para que se cumplan las normas. Y tampoco han hecho nada para tratar de recuperar estás hectáreas, generando daño al patrimonio del Estado.
