La noche del 21 de febrero, el techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo se desplomó sobre decenas de personas, dejando un saldo trágico: seis muertos, entre ellos una menor de edad, y más de 80 heridos, tres de ellos en estado crítico. Ante esta tragedia, el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, decidió actuar. Presentó una denuncia penal contra Carlos Rodríguez-Pastor, propietario del centro comercial y líder de Intercorp, junto a otros ejecutivos y funcionarios municipales.
La denuncia incluye a Luis Alonso Santa María, gerente general del Real Plaza Trujillo; Julio Rivera Feijóo, ingeniero estructuralista que diseñó el domo colapsado; Misael Shimizu, gerente general de la Corporación Real Plaza. Además de Fernando Zavala, representante legal de Intercorp; y Fernando Bazo, gerente del Consorcio Activa-BGS, encargado de la construcción. También apunta a funcionarios municipales que autorizaron la licencia de construcción en 2016. Reyna los acusa de homicidio culposo y lesiones graves, delitos que podrían llevar a penas de hasta ocho años de prisión.
El alcalde fundamenta su denuncia en la falta de mantenimiento del techo y la posible sobrecarga de la estructura metálica, agravada por la acumulación de agua. Videos difundidos tras el colapso muestran cómo el agua se estancaba en el domo, lo que habría contribuido al desastre. “Los responsables son los representantes de Intercorp, quienes tenían la obligación de mantener las instalaciones en buen estado”, afirmó Reyna.
Además, el alcalde aseguró que el Real Plaza Trujillo no reabrirá hasta que se llegue a un acuerdo con las familias afectadas. Incluyendo a los deudos de los fallecidos y a los heridos. Mientras tanto, Romy Chang, abogada del Real Plaza, confirmó que ya se inició el pago de indemnizaciones a algunas familias. “Real Plaza no va a evadir ninguna responsabilidad. Aquí se va a pagar todo lo que se tenga que pagar”, declaró.
La tragedia no solo ha expuesto fallas en la supervisión y mantenimiento del centro comercial. Sino también la necesidad de una mayor responsabilidad por parte de las empresas y autoridades. La denuncia del alcalde Reyna busca justicia para las víctimas y sus familias. Mientras el país espera que este caso marque un precedente en la lucha contra la negligencia y la impunidad.
Mientras las investigaciones avanzan, la pregunta que resuena es: ¿cómo pudo ocurrir esto? La respuesta no solo implicará a los responsables directos, sino también a un sistema que permitió que una tragedia evitable cobrara vidas y dejara heridas profundas en una comunidad. Por ahora, Trujillo clama por justicia y exige que nunca más se repita un desastre como este.
