La pregunta flotaba en el aire, incómoda, directa: “¿Real Plaza asume su responsabilidad sobre lo ocurrido?”. Misael Shimizu, gerente general de la cadena de centros comerciales, titubeó. En una entrevista con RPP Noticias, intentó esquivar la interrogante de la periodista Mávila Huertas, quien insistió: “¿Asume que es responsable de esta tragedia?”. Shimizu respondió con evasivas: “La responsabilidad la definen las autoridades”. Pero la periodista no cedió: “No hay manera que la empresa escape a la responsabilidad”.
El colapso del techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo, ocurrido el 21 de febrero, dejó un saldo trágico: seis personas fallecidas y más de 80 heridos. La tragedia sacudió a la ciudad. Pero también puso en la mira a la empresa por su posible negligencia en la construcción y supervisión de la estructura. Shimizu aseguró que Real Plaza “se hará cargo”, pero evitó reconocer una responsabilidad directa, dejando más dudas que certezas.
Detrás de esta tragedia hay un entramado de empresas y decisiones que ahora están bajo escrutinio. Schmidt y Chávez-Tafur Ingenieros S.R.L. (SCHT), firma que supervisó la ampliación del patio de comidas en 2016, emitió un comunicado reconociendo su participación y prometió colaborar con la investigación. Sin embargo, la firma argentina BMA Estudio, responsable del diseño arquitectónico del centro comercial, eliminó temporalmente información sobre el proyecto de su página web, lo que generó sospechas.
Shimizu intentó defender la reputación de la empresa, explicando que cada centro comercial tiene diseños estructurales únicos. Además que las supervisiones se realizan mediante concursos privados. Aseguró que no se detectaron riesgos inminentes antes del colapso. Pero admitió que la investigación técnica será clave para determinar si hubo errores en la construcción. “Nos vamos a hacer cargo”, repitió, prometiendo acompañar a las familias afectadas.
Mientras tanto, la Fiscalía de La Libertad ya ha incautado documentos administrativos de Real Plaza y de la Municipalidad de Trujillo. Los expedientes incluyen autorizaciones, supervisiones y controles de seguridad, que podrían revelar omisiones o irregularidades en los procedimientos. Luis Guillermo Bringas, presidente de la Junta de Fiscales, explicó que la investigación avanza en dos frentes: uno centrado en las víctimas y otro en la revisión de permisos y inspecciones.
Las familias de las víctimas, mientras tanto, claman por justicia. Shimizu aseguró que la empresa cubre los gastos de salud, sepelio y ofrece asistencia psicológica. Sin embargo, algunos afectados aún no han sido contactados, lo que ha generado frustración y desconfianza. La familia Chávez de la Cruz, que perdió a tres de sus miembros, recibió apoyo económico, pero el dolor y las preguntas sin respuesta persisten.
La tragedia de Trujillo no solo ha expuesto posibles fallas en la construcción y supervisión de Real Plaza, sino también la fragilidad de un sistema que prioriza la rentabilidad sobre la seguridad. Mientras las autoridades investigan y las familias esperan respuestas, una pregunta sigue resonando: ¿quién asumirá la responsabilidad de esta tragedia? Por ahora, el silencio de Real Plaza habla más que sus palabras.
