La sombra de la corrupción vuelve a perseguir a Julio Demartini. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha pedido impedir que el exministro de Desarrollo e Inclusión Social salga del país por nueve meses. Esto mientras se investiga su presunta responsabilidad en irregularidades del programa Qali Warma. La audiencia para evaluar este requerimiento se realizará el 4 de marzo, y de aprobarse, Demartini no podrá abandonar el Perú.
La investigación fiscal apunta a una omisión de funciones por parte de Demartini, quien habría fallado en supervisar las adquisiciones de Qali Warma. Esto habría permitido que se distribuyera carne de caballo en lugar de res, y conservas de pollo en mal estado, afectando a miles de escolares. El escándalo también ha alcanzado al portavoz presidencial, Freddy Hinojosa, quien ya enfrenta un impedimento de salida por seis meses.
A pesar de las acusaciones, el canciller Elmer Schialer no descartó nombrar a Demartini como embajador ante el Vaticano, calificándolo como “muy competente”. El jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, respaldó la idea. Y destacó que Demartini se apartó del Gobierno para evitar “perturbaciones” y asegurando que votaría a favor de su designación. Sin embargo, esta posibilidad ha generado rechazo en el Congreso. Allí legisladores como Alejandro Aguinaga lo compararon con una “hostia envenenada” y cuestionaron su idoneidad para representar al Perú.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, expresó su preocupación de que el nombramiento sea una “maniobra política” para evadir la investigación. La inmunidad diplomática dificultaría la recopilación de pruebas y el avance del proceso. Lo que ha llevado a Burgos a pedir garantías de que la investigación no será interferida.
Fernando Silva, abogado de Demartini, defendió a su cliente. Y argumentó que la investigación carece de fundamento y que su eventual designación como embajador no implica riesgo de fuga. “Cada persona tiene derecho a aceptar un cargo público”, afirmó, asegurando que Demartini está en Lima y se defenderá del requerimiento fiscal.
Mientras tanto, la polémica sigue creciendo. La posibilidad de que un investigado por corrupción sea enviado como representante del Perú ante el Vaticano no solo ha despertado críticas, sino también dudas sobre la transparencia y la justicia en el país. La decisión final podría marcar un precedente peligroso en la lucha contra la impunidad.
