El abogado de la Defensoría Pública de Caravelí, Jhony Lewis Quispe Figueroa, fue detenido por presuntamente acosar a una menor de 13 años. La captura se produjo tras una denuncia interpuesta por la madre de la adolescente. Esta alertó sobre los constantes mensajes de WhatsApp que su hija recibía con propuestas de índole sexual.
Según la investigación, Quispe Figueroa se habría hecho pasar por un joven de 22 años. A través de ofrecimientos económicos y propuestas sexuales, intentó concertar un encuentro con la menor. La víctima, junto a su madre, familiares y vecinos, organizaron una trampa para atrapar al presunto agresor.
La intervención policial se realizó en el sector El Baden, donde el abogado fue sorprendido en compañía de la menor. La sorpresa fue mayor al descubrir que el detenido era un funcionario de la Defensoría Pública, institución encargada de garantizar los derechos de los ciudadanos.
Investigarán otros casos
Actualmente, Quispe Figueroa se encuentra detenido mientras las autoridades continúan con las investigaciones. No se descarta que el abogado haya realizado ofrecimientos similares a otras menores de edad, por lo que se han intensificado las indagaciones para esclarecer el alcance de sus acciones.
De acuerdo con la Ley N°30096, Ley de Delitos Informáticos, las proposiciones a menores a través de medios tecnológicos pueden acarrear penas de entre 3 y 6 años de cárcel si la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años. En casos como este, donde la víctima es menor de 14 años, la pena puede aumentar a entre 6 y 9 años de prisión.
El caso ha generado indignación en la comunidad de Caravelí, donde se exige justicia para la menor y se cuestiona la conducta de un funcionario que, paradójicamente, debería velar por la protección de los derechos de los más vulnerables. Las autoridades han reiterado su compromiso de garantizar que hechos como estos no queden impunes.
