Por Gustavo Puma Cáceres. Planificador Urbano Territorial y Portuario, Gobernanza Territorial y Gestión de Ciudades Puerto.
Polibio dijo hace poco más de 2100 años, que “cuando la democracia se manchaba con demagogia y violencia, aparecía la tiranía de la muchedumbre”, y a esto lo denominó oclocracia. La oclocracia fue definida por Polibio, como la peor degeneración de una democracia. Hoy, 2000 años después, la oclocracia chicha ya llego al Perú.
En el contexto de la caída del techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo, parte de una cadena que pertenece al hombre más rico del Perú y pese a haber sido clausurado por el anterior alcalde por no cumplir con normas de seguridad, volvió a abrir; al cierre de esta columna hay 8 muertos y 78 heridos.
El proyecto de ley 9788, presentado por la congresista de Avanza País, Adriana Tudela, y su mancha de coautores José Williams Zapata, Edward Málaga Trillo, Karol Paredes Fonseca,Víctor Flores Ruiz, José Elías Ávalos, José Cueto Aservi, Fernando Rospigliosi Capurro, Diana Málaga (Arequipa) y Rosselli Amuruz (Presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción), busca que los certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) tengan una vigencia indeterminada. Además, modificar la frecuencia de las inspecciones técnicas a centros comerciales en Perú, extendiéndolas a cada 10 años o de manera indeterminada.
Estos congresistas buscan más tragedias y muertes. ¿Cuál es el lobby que hay detrás de esta propuesta legislativa? Es necesario examinar los posibles motivos detrás de esta iniciativa, los intereses involucrados y las implicaciones para la seguridad pública.
Desde un enfoque técnico, esta medida comprometería la seguridad de las edificaciones y aumentaría el riesgo de incidentes graves. Políticamente, la propuesta podría estar influenciada por intereses económicos del sector inmobiliario y de construcción, que buscan reducir costos y trámites a expensas de la seguridad pública.
Además está la agenda de desregulación. Pues la propuesta podría estar alineada con una agenda política que busca reducir la intervención del Estado en la economía. Argumentando que esto fomenta el crecimiento y la inversión privada. Sin embargo, esta desregulación no debe comprometer áreas críticas como la seguridad en las edificaciones. La mancha de Tudela y sus causas congresistas no son ni arquitectos ni ingenieros.
También hay presiones electorales o económicas de los congresistas. Lo que podría estar respondiendo a presiones de grupos económicos que financian campañas políticas o que tienen influencia en su partido.
Los responsables de este desastre de colapso del techo en nuestro “paisito” no tendrán el menor problema legal, como no lo tuvo este régimen que asesinó a más de 50 peruanos a bala y patada por protestar. No hay país, no hay autoridad, no hay gobernabilidad, ya empezamos a vivir la “oclocracia chicha que ya está laburando y se instalada como cáncer en el escenario social del Perú.
