En colaboración con Vigilante.pe
La Ley N° 32181, que limita la detención preliminar judicial, sigue vigente pese a las críticas y su impacto en la lucha contra el crimen organizado. Expertos alertan sobre los riesgos de este retroceso en herramientas clave para la justicia.
Mediante Ley N° 32181 se modificó el Código Procesal Penal al derogar el inciso que permitía la detención preliminar judicial para los supuestos en los que no existía flagrancia en la comisión de un delito. Ante las diversas críticas, el Ejecutivo pareció dar su brazo a torcer y derogar la norma en diciembre de 2024. Sin embargo, hasta el día de hoy, ésta se mantiene vigente. Y hace unos días, el Ejecutivo devolvió el documento al Congreso con observaciones.
Lo cuestionable de esta medida es que la propuesta de modificación surge de bancadas cuyos líderes tienen actualmente problemas judiciales. Entiéndase Perú Libre y Fuerza Popular. Los expertos en materia legal aseguran que la detención preliminar es una figura legalmente autorizada por nuestra regulación penal. Pero sugieren que su aplicación sea restringida y únicamente en casos puntuales.
“La figura de detención preliminar debe utilizarse con cautela (sobretodo en casos de no flagrancia de delitos)», señala Diego Gómez, abogado principal de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP). Este acota que es una figura que restringe el derecho a la libertad. Y más aún cuando no existe una sentencia condenatoria.
La modificación ha recibido muchas críticas. Sobre todo, porque gracias a ella se logró la detención preliminar de miembros de organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Además, en la política están casos como los Cuellos Blancos del Puerto, Waykis en la sombra, entre otros. Para Gómez, “la figura, siempre y cuando se utilice de manera proporcional y responsable, ha sido una excelente herramienta para combatir la criminalidad. Esto porque en muchísimos casos no es posible detectar a los delincuentes en flagrancia”.
Finalmente, en un contexto donde la lucha contra el crimen organizado y la corrupción exige herramientas jurídicas eficaces, la vigencia de la Ley N° 32181 representa un retroceso preocupante. La derogación de la detención preliminar judicial, impulsada por bancadas cuyos líderes enfrentan problemas legales, no solo despierta sospechas de intereses particulares, sino que debilita una figura clave para la justicia.
Mantenerla vigente, a pesar de las críticas y las evidencias de su utilidad, refleja una desconexión alarmante entre las decisiones legislativas y las necesidades reales de seguridad y justicia en el país.
