En un giro que ha generado preocupación y temor. Donald Trump ha anunciado planes para eliminar cinco programas esenciales que protegen a miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Bajo su Proyecto 2025, el expresidente busca revocar medidas como DACA, TPS y el Parole Humanitario. Esto dejaría a millones en riesgo de perder su estatus legal y enfrentar deportación.
Uno de los programas más emblemáticos en la mira es DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Este protege a los «dreamers», jóvenes que llegaron al país siendo niños. Durante su primer mandato, Trump intentó cancelar este programa, pero fue bloqueado por el Tribunal Supremo. Ahora, su posible eliminación pondría en peligro a más de 600 mil beneficiarios. Muchos de los cuales han construido sus vidas en Estados Unidos con empleos y familias.
Otro programa en riesgo es el Estatus de Protección Temporal (TPS), que ampara a inmigrantes de países afectados por desastres naturales o crisis humanitarias, como El Salvador, Honduras y Haití. Actualmente, cerca de 330,000 personas dependen de este beneficio. Trump ya revocó el TPS para venezolanos, y su eliminación total dejaría a miles sin opciones legales para permanecer en el país.
El Parole Humanitario, que permite el ingreso de personas de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba bajo ciertas condiciones, también está en la lista de eliminaciones. Más de 530,000 personas podrían perder esta protección, dejándolas en un limbo migratorio. Además, Trump ha firmado una orden ejecutiva para suprimir la ciudadanía por nacimiento, una medida que afectaría a niños nacidos en EE. UU. de padres indocumentados, alterando radicalmente el sistema migratorio.
El Programa de Manteniendo a las Familias Unidas, que facilita la reunificación familiar, también está bajo amenaza. Su eliminación complicaría los trámites de miles de personas que buscan regularizar su situación migratoria, separando familias y generando incertidumbre en comunidades enteras.
Si estas medidas se implementan, el impacto sería devastador. Sectores económicos que dependen de la fuerza laboral inmigrante podrían verse afectados, mientras que las deportaciones masivas desintegrarían comunidades. Para muchos, estas políticas representan un retroceso en los derechos migratorios y una amenaza directa a su estabilidad y futuro en el país.
Mientras el debate sobre el Proyecto 2025 continúa, la comunidad inmigrante y sus aliados se preparan para resistir lo que consideran un ataque sin precedentes a sus derechos y dignidad.
