El expresidente Ollanta Humala enfrenta uno de los momentos más críticos de su carrera política. La Fiscalía peruana, a través del fiscal Germán Juárez Atoche, ha formalizado una acusación en su contra, solicitando 13 años de prisión por su presunta participación en el caso Club de la Construcción. Este escándalo de corrupción involucra a 29 personas, incluyendo a la ex primera dama Nadine Heredia, acusada de integrar una asociación ilícita para delinquir.
Según la investigación, Humala y Heredia habrían recibido coimas de constructoras y empresarios para asegurar la adjudicación de megaproyectos durante su gobierno (2011-2016). La Fiscalía sostiene que existió un acuerdo entre exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y empresas del sector infraestructura para manipular licitaciones públicas. Estas prácticas habrían distorsionado la competencia y generado sobrecostos en obras valorizadas en cerca de 10 mil millones de soles.
El denominado Club de la Construcción operó como una red que coordinaba de antemano cuál empresa ganaría las licitaciones, mientras las demás participaban solo para simular competencia. Las investigaciones revelan que los sobornos oscilaban entre el 1% y el 3% del valor de los contratos, financiados mediante el sobreprecio de las obras. Este esquema habría funcionado entre 2011 y 2014, extendiéndose incluso hasta 2017 en proyectos como el Corredor Vial Interoceánico Sur.
Además del caso Club de la Construcción, Humala y Heredia enfrentan acusaciones por su presunta vinculación con el escándalo de Odebrecht. Testigos afirmaron que la empresa brasileña entregó 3 millones de dólares para financiar la campaña presidencial de 2011, fondos gestionados principalmente por Heredia. Por este caso, la Fiscalía ya había solicitado 20 años de prisión para Humala y 26 años y 6 meses para su esposa.
Ambos han negado todas las acusaciones, calificándolas como persecuciones políticas. Sin embargo, las pruebas presentadas por la Fiscalía, incluyendo declaraciones de testigos y documentos, han fortalecido la investigación. Actualmente, el Ministerio Público se encuentra en las etapas finales del proceso, que incluye cargos como colusión agravada, tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos.
El caso no solo marca un punto crucial en la lucha contra la corrupción en Perú, sino que también refleja el impacto de los escándalos de Odebrecht y otras empresas en la política latinoamericana. Mientras la justicia avanza, Humala y Heredia enfrentan un futuro incierto, con múltiples procesos judiciales que podrían definir su destino legal en los próximos meses.
