Este martes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso discutirá una denuncia constitucional contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos. La acusación, presentada por la fiscal Delia Espinoza, se centra en un presunto plan para desestabilizar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La denuncia, de 112 páginas, detalla los vínculos entre Benavides y Chirinos a través de sus exasesores, Jaime Villanueva y Abel Hurtado. Según la fiscalía, Chirinos habría impulsado en el Congreso una moción para remover a los miembros de la JNJ y denunciar a jueces que frenaron la destitución de consejeros. Este caso podría marcar un precedente en la lucha contra la injerencia política en el sistema judicial.
La decisión de este martes es crucial. Si la Subcomisión aprueba la denuncia, se avanzará en la investigación formal. De lo contrario, el caso podría archivarse, impidiendo que la fiscal Espinoza continúe con la indagación preparatoria. Los intentos de Chirinos por atacar a la JNJ contaron con el respaldo de la coalición gobernante en el Congreso, que el año pasado inhabilitó a exmagistrados como Inés Tello y Aldo Vásquez.
Las declaraciones de Jaime Villanueva fueron determinantes para que la JNJ iniciara un proceso contra Benavides, que culminó con su destitución como fiscal de la Nación. Aunque Benavides y Chirinos son los principales implicados, la fiscalía también investiga a 14 legisladores más por su posible participación en este caso.
También contra Salas
Además, la Subcomisión analizará denuncias constitucionales contra el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, y la expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez. Salas Arenas enfrenta acusaciones de presunta negociación incompatible, mientras que Vásquez es investigada por incrementos irregulares de sueldos y designaciones a dedo durante su gestión.
Las audiencias con Salas Arenas y Vásquez marcarán la etapa final de estos casos. Los informes resultantes serán debatidos en la Subcomisión, que determinará si proceden o no las denuncias. Estos procesos reflejan la tensión entre los poderes del Estado y la lucha por preservar la independencia de las instituciones judiciales en Perú.
