El Perú ha registrado su peor retroceso en la lucha contra la corrupción. En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, publicado por Transparencia Internacional, el país cayó al puesto 127 de 180. Una drástica caída de 26 posiciones en comparación con el año anterior. Con solo 31 puntos sobre 100, Perú se ubica entre los países más corruptos de América Latina. Y muestra un deterioro preocupante en la confianza en sus instituciones.
La tendencia ha sido negativa en los últimos años. En 2020, el país tenía 38 puntos, pero desde entonces ha experimentado un descenso sostenido. En 2023, la cifra se redujo a 33 puntos, y en 2024 alcanzó su nivel más bajo. Este desplome coincide con la gestión de Dina Boluarte. Quien asumió la presidencia en diciembre de 2022 en medio de un contexto de inestabilidad política y denuncias de corrupción dentro de su administración.
El informe de Transparencia Internacional identifica factores clave que han debilitado la lucha contra la corrupción en el Perú. Entre ellos, la desactivación de equipos especializados, la aprobación de leyes que favorecen la impunidad y el debilitamiento de la fiscalización estatal. Además, se señala que la corrupción ha exacerbado la crisis de seguridad ciudadana, facilitando el crecimiento de la extorsión y el sicariato en el país.
El retroceso de Perú no es un caso aislado en la región, pero sí es uno de los más marcados. Actualmente, se encuentra en una posición similar a Ecuador y El Salvador. Y ocupa el penúltimo lugar entre los países latinoamericanos que buscan adherirse a la OCDE, solo superando a México, que obtuvo 26 puntos. En contraste, Uruguay lidera la región con 76 puntos, seguido de Chile con 63.
Pero la corrupción no solo afecta la estabilidad política y la seguridad, sino también el medio ambiente. Transparencia Internacional advierte que el mal manejo de fondos públicos y la falta de control han permitido la aprobación de normas que atentan contra la protección ambiental. Un ejemplo de ello es la llamada «Ley Antiforestal», que podría acelerar la deforestación en la Amazonía peruana y poner en riesgo a los defensores ambientales.
El panorama es alarmante
La corrupción no solo erosiona las instituciones democráticas, sino que también profundiza las desigualdades y pone en peligro el desarrollo sostenible del país. La caída en el índice global deja en evidencia la urgencia de una reforma estructural en el sistema político y judicial para frenar la impunidad.
Mientras tanto, Perú se enfrenta a un dilema: continuar con políticas que han demostrado ser ineficaces o tomar medidas drásticas para recuperar la confianza en sus instituciones. Por ahora, la percepción de la ciudadanía y de la comunidad internacional es clara: la corrupción sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el futuro del país.
