Las declaraciones juradas presentadas por la presidenta Dina Boluarte a la Contraloría General de la República han revelado un incremento patrimonial de S/631,000 entre 2021 y 2024. Esto ha generado nuevas sospechas de enriquecimiento ilícito. Durante este periodo, sus ingresos anuales pasaron de S/160,415.06 a S/792,167.99, un aumento que expertos califican como desproporcionado y difícil de justificar.
En 2021, Boluarte declaró ingresos por S/160,415.06, cifra que se elevó a S/389,519.23 en 2022 y a S/593,347.31 en 2023. Para 2024, sus ingresos alcanzaron los S/792,167.99, según los documentos presentados. Estos montos, registrados en el rubro «otros», incluyen bienes como autos, joyas, propiedades arrendadas y otros activos. Sin embargo, el ex procurador anticorrupción Julio Arbizu señaló que este incremento es anormal y refuerza las sospechas de enriquecimiento ilícito.
Arbizu explicó que el Ministerio Público tiene bases suficientes para iniciar una investigación. Esto debido a la desproporción entre los ingresos y egresos de un funcionario público es un indicio razonable de posible corrupción. «En este caso, no solo hay una desproporción abismal, sino que también existe un deber de exclusividad en el ejercicio de su función como presidenta», afirmó.
Por su parte, Juan Carlos Portugal, abogado de Boluarte, defendió las declaraciones juradas. Argumentó que las cifras son un «resumen aritmético» y que la justificación documental corresponde a la Contraloría. Sin embargo, esta explicación no ha calmado las críticas. Especialmente en el contexto del caso Rolexgate, que investiga la posesión de relojes de lujo no declarados por la mandataria.
El caso Rolexgate estalló en marzo de 2024, cuando una investigación periodística reveló que Boluarte había usado relojes Rolex en eventos públicos sin declararlos. La Fiscalía inició una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito y allanó su residencia y el Palacio de Gobierno en busca de los relojes. Durante el operativo, se rompió la cerradura de su vivienda, lo que generó tensiones entre el Ejecutivo y las autoridades judiciales.
Boluarte afirmó que los relojes eran préstamos del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y que ya habían sido devueltos. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a la opinión pública, dado que Oscorima tiene antecedentes de regalar relojes de lujo a funcionarios, lo que ha aumentado las sospechas de corrupción.
El incremento patrimonial de Boluarte y su vinculación con el caso Rolexgate han intensificado el escrutinio sobre su gestión. Mientras la Fiscalía continúa investigando, la falta de transparencia en sus declaraciones juradas y las explicaciones poco convincentes han alimentado el descontento ciudadano.
En un país donde la corrupción ha sido una constante, el caso de Dina Boluarte no solo pone en duda su integridad, sino que también evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el ejercicio del poder. El desenlace de estas investigaciones podría marcar un precedente crucial en la lucha contra la impunidad en el Perú.
