El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite una demanda interpuesta por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esto es un nuevo intento de la presidenta Dina Boluarte por frenar las investigaciones en su contra. La resolución del TC, emitida tras la subsanación de observaciones por parte del gobierno, marca un nuevo capítulo en el tenso enfrentamiento entre la mandataria y las instituciones que buscan esclarecer su presunta responsabilidad en varios casos.
En su resolución, el TC señaló que el Ejecutivo corrigió las observaciones que inicialmente llevaron a la inadmisibilidad de la demanda. Algunas de ellas fueron la falta de autorización expresa para que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, actuara en representación del gobierno. Ahora, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen 30 días hábiles para responder a la demanda. Esta busca limitar las acciones judiciales contra Boluarte mientras se mantenga en el cargo.
El Ejecutivo argumenta que las investigaciones fiscales y judiciales afectan las competencias de la presidencia y limitan el ejercicio del cargo de Boluarte. Según el gobierno, la interpretación del artículo 117 de la Constitución ha generado restricciones que comprometen sus atribuciones. Ese artículo establece los delitos por los que un presidente en funciones puede ser acusado. Sin embargo, el TC ya se pronunció en 2022 sobre este tema, rechazando una solicitud del Congreso para ampliar la interpretación del mencionado artículo.
Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, ha defendido la demanda, asegurando que no busca blindar a Boluarte, sino sentar un precedente para futuros mandatarios. “Esta demanda es pensada en los presidentes que vengan a futuro. Con el fin de que sus funciones constitucionales no se vean mermadas ante los llamados de la Fiscalía”, declaró en agosto de 2024. No obstante, críticos señalan que la medida busca principalmente proteger a la mandataria de las múltiples investigaciones que enfrenta.
Entre los casos que pesan sobre Boluarte destaca la investigación por las muertes durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. En estos la Fiscalía la acusa de homicidio calificado y lesiones graves. Además, el caso Rolex la vincula con la presunta recepción de relojes de lujo a cambio de financiamiento para obras en Ayacucho. A esto se suma una investigación por presunto abandono del cargo, relacionada con una rinoplastia que habría realizado sin informar al Congreso.
La admisión de la demanda por parte del TC reaviva el debate sobre los límites de la inmunidad presidencial y la independencia de los poderes del Estado. Mientras el Ejecutivo insiste en que busca proteger las funciones constitucionales de la presidencia. Pero muchos ven en esta medida un intento desesperado por evitar que las investigaciones avancen.
En un contexto de creciente desconfianza hacia la clase política, la estrategia de Boluarte para frenar las investigaciones en su contra pone en riesgo su legitimidad. Pero también cuestiona la capacidad del sistema judicial para actuar con independencia. El desenlace de este proceso podría sentar un precedente peligroso para la democracia peruana, donde la impunidad y la falta de transparencia siguen siendo desafíos pendientes.
