Este jueves Revelación.pe publicó un reportaje evidenciando cifras críticas de violencia sexual contra la mujer en Arequipa. En estas exponemos que la región se mantiene en el segundo lugar, con 16.200 denuncias por diversos delitos de violencia registradas en el 2024. Estas incluyen 1036 casos de violación sexual y otros 6 feminicidios. Y en contraste apenas se han alcanzado apenas 57 sentencias, que, lamentablemente, en su mayoría, datan de años anteriores. Esta información se obtuvo del portal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) por lo que deberían reflejar datos que la propia Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA) reporta.
Respuesta de la Corte
En respuesta la CSJA ha publicado una nota de prensa resaltando que durante el año pasado han logrado dictar un total de 637 sentencias por procesos complejos de violación sexual, actos contra el pudor, tocamientos indebidos, feminicidio, entre otros. Inclusive dejan en claro que se han logrado 27 sentencias de cadena perpetua por casos de abuso sexual a menores de 14 años. También mencionan que gracias a su labor lograron mil 400 sentencias referidas a agresiones contra mujeres e integrantes del grupo familiar y se cuenta con 60 dictámenes de prisión preventiva por delitos asociados a violencia en Arequipa.
Las cifras de por sí reflejan resultados positivos de la labor del Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del grupo Familiar de Arequipa. Los felicitamos. Sin embargo, sus logros no son suficientes y lo saben.
Pongamos un poco de perspectiva. Según cifras del MIMP, en Arequipa solo en el 2024 se han presentado 16 mil 200 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. En años anteriores las cifra es parecida. Por lo que las 637 sentencias aún son insuficientes. Lo que demuestra lo que advierten los especialistas. Como la falta de presupuesto y personal en las instituciones de justicia como el Ministerio Público y el Poder Judicial. Además del divorcio y falta de compromiso de las autoridades ejecutivas, como el gobierno regional o los municipios en la lucha contra la violencia.
Las opiniones de expertos resaltan fallas que no solo están adscritas a la función del Poder Judicial. Por ejemplo, el observatorio de violencia no contiene cifras actualizadas y no existen políticas públicas contundentes desde el Gobierno Regional de Arequipa para prevenir la violencia. Además carga procesal de los casos excede la capacidad de los operadores de justicia (Policía, Ministerio Público y el propio Poder Judicial).
Una víctima de violencia sexual no puede esperar 2 o 3 años para alcanzar justicia. Muchas de ellas abandonan sus procesos precisamente por lo desgastante emocional y jurídico que resulta el proceso de justicia. Ello sin hablar de la revictimización a la que están expuestas durante el periodo que dura el proceso.
Desde esta casa periodística invitamos a las autoridades judiciales a reflexionar y a redoblar esfuerzos en la lucha contra la violencia de género. Reforzando las políticas con las que cuenta y articulando más con los gobiernos locales y regionales.
Sabemos que trabajan duro, excediendo incluso su jornada laboral. Sin embargo, es necesario poner las barbas en remojo para encontrar soluciones más eficientes ante un sistema en la que sus operadores priorizan la presunción de inocencia de un abusador antes que una atención empática hacía la víctima, por decirlo en palabras amables.
