La Base Naval de Guantánamo, ubicada en Cuba y arrendada por EE.UU. desde 1903, ha sido históricamente un centro de detención para diferentes grupos. Desde 2002, es famosa por albergar sospechosos de terrorismo, muchos sin juicio ni cargos formales. Sin embargo, el expresidente Donald Trump ordenó ampliar sus instalaciones para recibir inmigrantes indocumentados.
Guantánamo ya tiene un historial de uso migratorio. En los años 90, miles de cubanos y haitianos fueron retenidos allí tras ser interceptados en el mar. Bajo diferentes administraciones, esta práctica continuó, y en la actualidad, el Centro de Operaciones Migratorias (GMOC) tiene capacidad para unas 120 personas.
Trump propuso aumentar el número de camas a 30.000 para encarcelar a inmigrantes sin papeles, priorizando a quienes considera una amenaza para EE.UU. El nuevo «zar de la frontera», Tom Homan, respaldó la medida asegurando que solo se detendrá a «lo peor de lo peor». Cuba, por su parte, denunció la medida como un «acto de brutalidad».
Derechos humanos
Activistas y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación. Temen que los inmigrantes detenidos en Guantánamo sean privados del debido proceso legal y retenidos indefinidamente sin acceso a abogados ni garantías judiciales, como ya ocurre con los sospechosos de terrorismo.
El Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP) denunció que el centro migratorio opera en condiciones deplorables, con problemas de moho, alcantarillado y restricciones extremas de comunicación. Algunos detenidos han sido castigados por compartir relatos de malos tratos.
El especialista en estudios migratorios César Cuauhtémoc García Hernández advirtió que esta decisión representa «un regreso al pasado». A diferencia de otras épocas, ahora se pretende trasladar inmigrantes capturados en EE.UU. a territorio cubano, evitando así las protecciones judiciales que les otorgan las leyes estadounidenses.
La expansión de Guantánamo como centro migratorio podría redefinir las políticas de detención en EE.UU. Mientras el debate crece, organismos internacionales vigilan de cerca lo que podría convertirse en una crisis de derechos humanos en el Caribe.
