El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la apertura de un centro de detención para migrantes ilegales en la base naval de Guantánamo, Cuba. La instalación tendrá capacidad para albergar a 30.000 personas y forma parte de un plan más amplio para endurecer el control migratorio en el país.
Durante su discurso, Trump aseguró que los detenidos serán “criminales” que representan una amenaza para la seguridad de los estadounidenses. “Guantánamo es un lugar del que es difícil salir”, afirmó. Y destacó que algunos migrantes son tan peligrosos que EE.UU. no confía en deportarlos a sus países de origen.
El anuncio se dio en el marco de la firma de la Ley Laken Riley. Esta permite la detención y deportación de migrantes acusados de delitos como robos o crímenes violentos, incluso antes de ser hallados culpables. La norma lleva el nombre de una estudiante de enfermería asesinada, cuyo caso ha sido utilizado como emblema en la lucha contra la delincuencia migrante.
La prisión de Guantánamo, inaugurada en 2002 para la detención de sospechosos de terrorismo, ha sido objeto de críticas durante años. Aunque los expresidentes Barack Obama y Joe Biden prometieron su cierre, la instalación sigue operativa y ahora será reutilizada para retener a migrantes.
Sin apoyo a venezolanos
En paralelo, el gobierno de Trump revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, una medida que beneficiaba a unas 600.000 personas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la decisión argumentando la presencia de grupos criminales como el Tren de Aragua en EE.UU.
Noem destacó la reciente captura de un líder del Tren de Aragua en Nueva York. Además, aseguró que la administración de Trump seguirá con operativos para expulsar a migrantes con antecedentes criminales. “La gente quiere que estos canallas se vayan”, afirmó, en un discurso alineado con la postura más estricta del gobierno.
La decisión de usar Guantánamo para la detención de migrantes y la revocación del TPS han generado reacciones divididas. Mientras algunos sectores apoyan el endurecimiento de las políticas migratorias, defensores de derechos humanos advierten sobre el riesgo de detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos fundamentales de los migrantes.
