Las curtiembres del Parque Industrial de Río Seco vierten residuos con metales pesados en la quebrada de Añashuayco, lo que podría contaminar el río Chili y afectar a miles de personas en Uchumayo, La Joya y Vítor. A pesar de que la Autoridad Nacional del Agua les revocó la licencia de uso de agua, los empresarios continúan operando de manera ilegal de acuerdo a declaraciones del director de la ANA, Ronald Fernández.
Desde hace años, las 42 curtiembres del Parque Industrial de Río Seco arrojan aguas contaminadas con cromo hexavalente y otros metales pesados sin tratamiento previo. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) advirtió que estos vertidos ilegales ponen en riesgo la cuenca . “Estas aguas contaminadas pueden llegar hasta el río Chili y afectar a la población de La Joya, Vítor y otras localidades”, alertó Fernández.
Ante la negativa de los empresarios de construir una planta de tratamiento, la ANA revocó su licencia de uso de agua, reduciendo el caudal autorizado de 50 litros por segundo a 32 y finalmente a cero. Sin embargo, los empresarios han continuado operando de forma clandestina. “De manera prepotente abrieron la compuerta y siguen usando agua de manera ilegal”, denunció Fernández.
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Curtidores protestan
La medida provocó una protesta que ya lleva tres días consecutivos y este miércoles se llevó a cabo en el Parque Industrial, donde curtidores negaron las acusaciones de la ANA y exigieron que se les restablezca el suministro. “Llevamos un mes sin trabajar, ¿qué vamos a comer?”, reclamaron. Denunciaron pérdidas de hasta 2 millones de soles debido a la paralización y advirtieron que, si no reciben respuesta inmediata, tomarán medidas más drásticas.
Los empresarios argumentan que no son los únicos que contaminan y exigen que se apliquen las mismas restricciones a otras industrias. Según su versión, la prueba está en que, pese al corte de agua, los residuos siguen acumulándose en Añashuayco. “Son otras empresas las que vierten sus desechos”, afirmaron, exigiendo que el cierre del suministro sea equitativo o que se les compense.
Los curtidores explicaron que, cuando fueron trasladados al Parque de Río Seco en el 2000, se les prometió una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (PTARI) y lagunas de oxidación. Sin embargo, estos componentes nunca fueron implementados. En ese entonces el problema también tenía que ver con la contaminación del río Chili que se producía por sus actividades.
De acuerdo a la versión del representante de la ANA, la puesta en marcha de una PTARI es responsabilidad de los empresarios, ya que el Estado no puede gastar en obras de beneficio para terceros. Además, hasta la fecha las curtiembres acumulan dos sanciones por contaminación.
