La minera Aruntani ha presentado una apelación para anular la sentencia que le exige el pago de 5 millones de soles. Esto por la contaminación ambiental provocada por filtraciones en su proyecto Florencia Tucari, ubicado en Carumas, Moquegua. Junto a la empresa, también fueron sancionados dos de sus exdirectivos, Eduardo Delgado y Abel Yurivilca. Estos desempeñaron roles clave en la operación minera.
El principal argumento de Aruntani es que la contaminación en los ríos de la zona no sería completamente su responsabilidad. Según la minera, informes técnicos demuestran que al menos el 55.9% del daño tiene un origen natural, mientras que el 44.1% estaría vinculado a sus actividades. Este análisis, realizado por Consulcont SAC en 2018, se incorporó como evidencia en la apelación.
La empresa también cuestiona la base de la reparación civil. Sostiene que el juez Leonidas Rojas no fundamentó adecuadamente el monto de 5 millones de soles y habría interpretado de forma sesgada los informes presentados. Además, argumenta que la acidez que se detectó en las aguas de la quebrada Margarita y ríos aledaños puede ser atribuida en gran parte a fenómenos naturales.
Otro punto clave en la defensa es que ya habrían resarcido el daño ambiental. En 2019, el Estado peruano ejecutó una garantía de 8.7 millones de soles destinada al cierre de mina y remediación ambiental. Según Aruntani, este monto debería considerarse como compensación suficiente.
Sin embargo, los antecedentes no favorecen a la minera. En 2016, la OEFA evidenció la contaminación en Moquegua y Arequipa, señalando a Florencia Tucari como una fuente principal del daño. El informe incluyó la presencia de arsénico y aluminio en niveles alarmantes, aunque parte de estos metales también tendrían origen natural, según las pericias citadas por la defensa.
La apelación, presentada por el abogado Omar Aguilar, se evaluará en audiencias programadas en las próximas semanas. Mientras tanto, organizaciones ambientales y comunidades afectadas han pedido que se mantenga la sanción. Argumentan que la empresa debe asumir su responsabilidad por el impacto ambiental generado.
El caso pone sobre la mesa un debate crucial: ¿hasta qué punto las empresas mineras deben responder por contaminación atribuida tanto a sus operaciones como a causas naturales? La decisión judicial marcará un precedente en este tipo de disputas ambientales.
Con información de BAM Noticias
