Escribe: Augusto Santillana / Abogado y analista político

El Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) se creó el 22 de julio de 1992 mediante Decreto Ley N° 25650. Destinado a compensar adecuadamente el asesoramiento calificado que se brinde a las diferentes reparticiones del Estado. El Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público permitiría financiar los gastos del personal que preste servicios técnicos y profesionales altamente calificados de manera temporal. El Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial dicta las disposiciones necesarias para una adecuada aplicación de las disposiciones del presente Decreto Ley. 

Los requisitos para la contratación de un Consultor FAG se establecieron en los Lineamientos aprobados mediante RM 238-2009-EF/10 de mayo de 2009 y se han mantenido hasta la fecha. De acuerdo a los lineamientos, cuya última modificación se aprobó en marzo de 2021, las entidades receptoras realizan directamente la selección y contratación de sus consultores FAG; por ello, es de entera responsabilidad del Titular de la Entidad receptora (ministerio, gobierno regional, entre otros), la selección y contratación de sus consultores FAG. Adicionalmente, las Entidades receptoras tienen, entre otras, la responsabilidad de verificar la veracidad y autenticidad de la información y documentación presentada por los consultores FAG, asimismo es responsable de la supervisión técnica y conformidad del servicio del consultor FAG, y del seguimiento y verificación de las actividades que le son asignadas a sus respectivos consultores.

Como vemos es en las mismas disposiciones legales que regulan la contratación de los consultores FAG que está el problema por el que no se cumple con su finalidad. Esto es, el asesoramiento altamente calificado a la gestión pública y en especial, dirigido al cierre de brechas en educación, salud, transporte e infraestructura pública, que es donde más adolecen las entidades del Estado. Y, siendo recursos, que no son parte del presupuesto asignado a la entidad, no puede darse la facultad de contratar a los consultores FAG a los titulares de la entidad receptora. Pues, ya hemos visto que se distorsiona y minimiza el tema meritocrático del profesional propuesto y se contrata a personajes afines al titular de la entidad que no necesariamente son los más calificados para el puesto. 

El proceso de selección hasta la elección del profesional más idóneo debe estar en manos de SERVIR, que es por competencia la entidad pública especializada en las políticas públicas de recursos humanos. Y que prioriza un criterio eminentemente técnico. El titular de la entidad, solo debe hacer el requerimiento justificando su contratación en su necesidad para atender las áreas más sensibles para el cumplimiento de su finalidad. 

En el GORE AREQUIPA, ya es una característica de esta gestión que los grandes proyectos de inversión pública no avanzan y se encuentran trabados hace años. Se reciclan a los funcionarios cambiándolos de puesto. Las obras públicas por administración directa tienen retrasos. Algunas obras públicas emblemáticas no avanzan: la carretera Arequipa la Joya, los hospitales de Camaná, Chala, Cotahuasi, Maritza Campos. La vía de cuatro carriles, el proyecto Majes Siguas II. Es obvio por lógica que si tengo tantas deficiencias en estas áreas vitales, debo destinar a los mejores profesionales técnicos calificados para que refuercen el talento humano y fortalezcan los equipos técnicos a su cargo, es aquí donde debo proponer y contratar consultores FAG. Pero no se hace así. 

El GORE Arequipa, que es beneficiaria del contratar consultores FAG, hemos visto que desde las gestiones ya pasadas a la fecha, los titulares del pliego, usan este beneficio para premiar a personas de su entorno o para conseguir réditos políticos o para afianzar relaciones de corte personal o con intereses políticos. O, los contratan para cumplir funciones que si son importantes pero, no de la trascendencia de las deficiencias mostradas en la proyectos de inversión pública. Esperamos cambios a nivel de la legislación y la fiscalización del Consejo Regional para lograr mejores cuadros técnicos. 

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