Juan Luis Cipriani, exarzobispo de Lima y primer cardenal del Opus Dei, fue obligado por el Papa Francisco en 2019 a dejar su cargo y retirarse del Perú tras ser acusado de abuso sexual. Según un informe del diario El País, la decisión del pontífice se basó en una denuncia presentada por una víctima que relató haber sufrido abusos en 1983, cuando tenía 16 años.
La denuncia llegó al Vaticano a través de Juan Carlos Cruz, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. En la carta, la víctima describió los abusos cometidos durante confesiones en un centro para estudiantes en Lima. El denunciante pidió la separación de Cipriani del sacerdocio y subrayó que solo buscaba justicia y que se conociera la verdad.
Condecorado por «Porky»
Las sanciones impuestas incluían la prohibición de portar símbolos cardenalicios, hacer declaraciones públicas y participar en cónclaves. Pero Cipriani regresó a Perú recientemente. Y fue condecorado por el alcalde Rafael López Aliaga, también miembro del Opus Dei, con la Medalla de la Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz.
El acto de condecoración generó controversia, ya que se realizó en medio de las revelaciones sobre el caso y pese a que Cipriani está alejado de roles eclesiásticos formales. Las imágenes del evento muestran al exarzobispo en sotana, pero sin los emblemas que le fueron retirados por el Vaticano.
El País también reveló que, en 2018, la víctima intentó reunirse con el vicario general del Opus Dei en Perú para presentar su caso. Sin embargo, su petición fue rechazada bajo el argumento de que “no era conveniente”. Además, se evidenciaron intentos de acoso y amenazas por parte de miembros de la organización, quienes buscaban que se retractara.
La víctima relató episodios de abuso que incluyeron tocamientos indebidos y comportamientos inapropiados de Cipriani durante más de un año. También señaló que intentaron desacreditarlo alegando problemas psiquiátricos. Según el testimonio, Cipriani buscó comunicarse con él mediante intermediarios, pero él se negó a dialogar.
Por su parte, Cipriani ha negado categóricamente las acusaciones. En un comunicado, señaló que no ha cometido ningún delito y calificó como grave la difusión de información confidencial. Indicó además que la denuncia presentada en 2018 no le fue entregada y que continuó realizando actividades pastorales hasta cumplir los 80 años.
Ocultó casos
Las revelaciones también reavivaron las críticas hacia Cipriani por su manejo de otros casos de abusos en la Iglesia peruana. Como los cometidos por el Sodalicio de Vida Cristiana, recientemente disuelto por la Santa Sede debido a denuncias de pederastia y corrupción financiera.
El caso ha generado un intenso debate en el país sobre el rol del Opus Dei y la falta de transparencia en el manejo de denuncias de abuso dentro de la Iglesia. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas han exigido al Vaticano mayor claridad en sus procesos disciplinarios.
A nivel internacional, la denuncia contra Cipriani pone nuevamente en evidencia los desafíos de la Iglesia Católica para abordar de manera efectiva los casos de abuso. La actitud del Papa Francisco en este caso, aunque firme, ha sido considerada insuficiente por quienes exigen un proceso canónico formal contra el religioso.
La figura de Cipriani, polémica por su conservadurismo y cercanía al poder político, enfrenta ahora un cuestionamiento que trasciende lo religioso. La condecoración otorgada por el alcalde López Aliaga ha sido criticada como un acto de respaldo político que ignora la gravedad de las acusaciones.
En este contexto, el caso Cipriani refleja una crisis de credibilidad en la Iglesia peruana. Pero también invita a una reflexión profunda sobre la necesidad de justicia y reparación para las víctimas de abuso. Así como la importancia de proteger los derechos humanos por encima de intereses institucionales.
