Vicky Navarro, excolaboradora del Gobierno Regional de La Libertad, compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para exigir la reapertura del caso que involucra a Jorge Torres Saravia, quien presuntamente la agredió sexualmente en 2020 durante la gestión del entonces gobernador Luis Valdez. Navarro denunció que, tras exponer los hechos ante Recursos Humanos de la Región, no solo fue despedida, sino que el acusado fue promovido.
“Cuando fui a Recursos Humanos con lágrimas en los ojos para pedir apoyo, Haidy Figueroa, la jefa del área de entonces, respondió: ‘Otra vez, Jorge’. Esto deja claro que había denuncias previas. Sin embargo, nadie actuó, y lo premiaron con un puesto más alto”, señaló Navarro, quien también identificó a Figueroa como la actual jefa de Recursos Humanos del Congreso.
Navarro también denunció amenazas desde que presentó su caso. Según su relato, al menos cuatro personas la abordaron con mensajes intimidantes como: “No sabes con quién te estás metiendo” o “te van a hacer daño”. “Todos los días le ruego a Dios por protección. Estoy enfrentando a alguien con poder, un exasesor parlamentario que se jactaba de tener control sobre los medios de comunicación y las instituciones”, afirmó.
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La denunciante detalló que el Ministerio Público archivó su caso sin realizar las pericias necesarias, como evaluaciones toxicológicas y psicológicas, ni ofrecerle el acompañamiento médico que ella tuvo que costear. “El 6 de agosto se solicitó el archivo, y al día siguiente ya estaba cerrado, como si fuera un trámite exprés”, expresó.
Ante la Comisión, Navarro hizo un llamado a otras posibles víctimas de Torres Saravia. “Yo creo que no soy la única mujer agredida. Hay quienes callan por temor, pero es tiempo de hacer el cambio”, sostuvo.
Finalmente, Navarro y su equipo legal trabajan en la presentación de nuevos medios probatorios con la esperanza de que la Fiscalía reabra la investigación. «Este no es solo un caso de abuso, sino de impunidad que debe ser enfrentada», concluyó.
Jorge Luis Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, enfrenta graves acusaciones por presunta explotación sexual vinculada al Parlamento. Según un reportaje, usaba mujeres contratadas como asesoras y secretarias para ejercer la prostitución, con la colaboración de Andrea Vidal, quien murió tras un ataque de sicarios. Torres, relacionado con Alianza Para el Progreso, llegó al Congreso con apoyo de Luis Valdez, manteniendo vínculos desde su gestión en el Gobierno Regional de La Libertad.
