El Congreso de la República otorgó un bono de 20 mil soles a sus trabajadores a inicios de este año, como parte de un convenio colectivo renovado durante la gestión de Alejandro Soto al frente del Parlamento. Este beneficio, vigente desde 2010, incluye a asesores, técnicos, personal de comisiones y locadores de servicio, según el documento oficial.
El acuerdo, denominado «Bonificación Especial Extraordinaria por Cierre de Pliego», establece el pago equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en enero de 2024 y 2025. A ello se suman dos bonificaciones adicionales de 200 soles y un incremento del 15% en los sueldos. Estas medidas han representado un gasto superior a los 7 millones de soles.
Tulio Vizcarra, secretario del Sindicato de Trabajadores del Congreso, defendió el bono señalando que es un acuerdo sindical renovado cada dos años. La última ratificación ocurrió bajo la presidencia de Soto, de Alianza para el Progreso. Vizcarra también confirmó que el beneficio alcanza a personal de servicio parlamentario y cargos de confianza.
Bono ilegal
Sin embargo, la legalidad del convenio ha sido cuestionada por el abogado laboralista Ricardo Herrera. Según Herrera, el acuerdo contraviene la Ley 33188, que prohíbe extender beneficios pactados en convenios colectivos a personal de confianza y dirección. «Esto podría representar un conflicto de interés y va contra la ley, por lo que podría ser declarado nulo», advirtió el especialista.
Desde la Mesa Directiva, la congresista fujimorista Patricia Juárez confirmó la existencia del bono, pero deslindó responsabilidades, atribuyéndolo a la gestión anterior. «Nos corresponde cumplir los convenios, aunque no los hayamos negociado ni pactado. Lamentablemente, debemos acatarlo», dijo Juárez.
Críticos han señalado que este tipo de desembolsos son cuestionables, especialmente en un contexto de desconfianza hacia el Parlamento. Mientras tanto, se espera que se analicen posibles acciones legales para determinar la validez del convenio y su cumplimiento de la normativa vigente.
El Congreso enfrenta nuevamente cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos, alimentando el debate sobre la necesidad de una mayor fiscalización y transparencia en sus decisiones presupuestarias.
