Los regidores oficialistas de la Municipalidad Distrital de Socabaya tienen un solo objetivo que va más allá de sus funciones: asediar a todo aquel que esté en contra de la gestión del alcalde Roberto Muñoz. Así se ha dejado constancia durante la última sesión extraordinaria del Concejo Municipal, dónde se debatió un nuevo pedido de vacancia contra Magaly Agramonte Gutiérrez.
La nueva moción fue aceptada a puerta cerrada por mayoría, a pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló el mismo pedido el año pasado a través de la Resolución N° 0417-2024-JNE. El pedido se sustenta en la supuesta causal de nepotismo, ya que algunas empresas del padre de sus hijos ganaron proyectos con la comuna de Socabaya, pero durante la gestión pasada.
Es decir, el edil y compañía pretenden deslegitimar el fallo del máximo organismo electoral. Al respecto, la concejal calificó la medida como un claro “acoso político”. Un acto que lo único que hace es desprestigiar más la imagen del alcalde Roberto Muño y los regidores oficialistas.
Esta percepción gana fuerza al revelarse que el ciudadano que inició el proceso de vacancia, Wuilson Quispe Huiza, no cumple con el requisito de ser residente de la jurisdicción. Según consta en su DNI, su domicilio se ubica en el distrito de Cayma. Este hecho refuerza la hipótesis de maltrato político y pone en duda la legitimidad de la solicitud.
“Me siento acosada políticamente, maltratada y asediada. Es claro que esta situación tiene tintes políticos (…) Sigo siendo regidora en funciones y la última entidad que puede sacarme del cargo es el Jurado Nacional de Elecciones”, declaró Magaly Agramonte al término de la cuestionable sesión de Concejo Municipal. Esto porque además Agramonte fue quien denunció al inicio de la gestión que el alcalde Muñoz instaló un jacuzzi y gimnasio en el palacio municipal.
A puerta cerrada
La decisión de llevar a cabo la sesión de concejo de manera privada también fue duramente criticada por Agramonte. Por si es que sus colegas lo han olvidado, la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) establece que las sesiones deben ser públicas, a fin de garantizar la transparencia y la participación ciudadana. Sin embargo, los regidores optaron por restringir el acceso a la reunión. Lo que incrementa sospechas sobre las razones detrás de esta decisión.
El abogado especialista en derecho constitucional, Jorge Luis Mamani Huanca, criticó la forma ilegítima en qué se llevó a cabo el debate del Pleno, más aún cuando la principal involucrada autorizó que se haga público el escrutinio. Y señaló que existe una violación a los derechos de las personas.
“Las sesiones del Concejo Municipal son públicas, salvo que se refieran a asuntos que puedan afectar los derechos fundamentales al honor, la intimidad personal o familiar y la propia imagen. Si no se permite el acceso a una sesión pública, sé constituye una violación al derecho a la información y transparencia. La Defensoría del Pueblo debe emitir una recomendación y el Poder Judicial puede emitir un amparo porque se está atentando contra un derecho constitucional”, explicó a Revelación.pe.
Una vez más, el Jurado Nacional de Elecciones será el encargado de resolver esta controversia y determinar si existen fundamentos legales para vacar a la regidora Magaly Agramonte. La decisión del JNE tendrá un impacto significativo en la trascendencia política del distrito de Socabaya
Los regidores alegan que, su colega se habría beneficiado con contratos que superan los 2 millones de soles en obras de mejoramiento de infraestructura de las asociaciones de vivienda Los Rosales y Ampliación Socabaya y la I.E.I. Horacio Zeballos Gamez, cuando ejercía funciones entre el 2019 – 2022. Sin embargo, los consorcios ganadores de estos proyectos son propiedad del padre de sus hijos.
