En medio del estado de emergencia por la creciente delincuencia, Trujillo vivió un nuevo atentado con explosivos en la madrugada del 20 de enero. Esta vez, el blanco fue la sede del Ministerio Público, ubicada en la Av. Jesús de Nazareth, a solo cinco minutos del Centro Histórico.
El atentado, que incluyó dos explosiones, causó daños estructurales significativos en la sede de la Fiscalía. Así como en decenas de viviendas, negocios y una universidad cercana. El hecho despertó a los vecinos, que fueron testigos de la brutalidad del ataque.
En respuesta, el exfiscal anticorrupción Martín Salas criticó al Premier y al Ministro del Interior, señalando que ambos atacaban al Ministerio Público por intereses personales. Salas destacó el insuficiente presupuesto asignado a la Fiscalía para enfrentar la criminalidad en el país, y calificó el comunicado del Ministro del Interior como «falaz y espurio».
La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, también condenó el ataque y expresó su preocupación por la falta de estrategias operativas en el país para frenar la delincuencia. Hizo un llamado a la Policía Nacional para reforzar las labores de inteligencia y prevenir futuros ataques a las instituciones de justicia.
Espinoza, además, criticó la falta de inteligencia policial y señaló que los estados de emergencia no serán efectivos si no se mejoran las estrategias preventivas. Reiteró la necesidad de un mayor presupuesto y recursos para el Ministerio Público y la Policía Nacional.
Por su parte, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, expresó su compromiso para enfrentar la inseguridad en la región. Aseguró que caminaría junto a la policía y las fuerzas armadas para garantizar la seguridad y confianza de los ciudadanos, comprometiéndose a «poner el pecho» por los liberteños en esta lucha.
