Por Gustavo Puma Cáceres. Planificador Urbano Territorial y Portuario, Gobernanza Territorial y Gestión de Ciudades Puerto.
El derecho a la ciudad, definido por Henri Lefebvre y ampliado por organismos como la UNESCO y ONU-Hábitat, es un concepto fundamental para garantizar el acceso equitativo de todos los habitantes a los recursos urbanos y la posibilidad de participar en su transformación. Sin embargo, en ciudades como Arequipa y Lima, este derecho enfrenta severas limitaciones, reflejando una crisis de urbanización y gobernanza que afecta la calidad de vida de millones.
El reciente informe del ranking internacional de tráfico vehicular de TomTom Traffic posiciona a Arequipa y Lima entre las ciudades con peor congestionamiento a nivel mundial. Arequipa ocupa el puesto 16 y Lima el séptimo, mientras Trujillo también figura en la lista en el noveno lugar. Este fenómeno no solo evidencia un sistema de transporte deficiente, sino también una planificación urbana incapaz de responder a las demandas de movilidad sostenible.
A esta problemática se suma una escalada de criminalidad que exacerba la percepción de inseguridad ciudadana. Según datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), se han reportado 75 homicidios en los primeros quince días del año 2025, con Lima liderando con 21 casos y Arequipa con 3. Estos indicadores ponen en evidencia la incapacidad de las autoridades para garantizar seguridad y justicia, dejando a los ciudadanos en un estado de vulnerabilidad constante.
El crecimiento urbano descontrolado también juega un papel central en esta crisis. Ambas ciudades han experimentado una migración masiva desde áreas rurales, lo que ha derivado en la proliferación de asentamientos informales en terrenos vulnerables como laderas y quebradas. Esta falta de planificación no solo aumenta el riesgo de desastres naturales, sino que también dificulta la provisión de servicios básicos como agua, electricidad y saneamiento.
El transporte público, otro aspecto crucial del derecho a la ciudad, es precario y desarticulado en ambas ciudades. Sistemas informales como las combis y los taxis colectivos dominan la escena, generando congestionamiento y altos niveles de contaminación. La ausencia de redes de transporte masivo integradas, como trenes o sistemas BRT, limita gravemente la movilidad sostenible y aumenta la brecha de desigualdad.
La contaminación ambiental agrava aún más esta situación. Lima y Arequipa enfrentan problemas críticos de calidad del aire, gestion de residuos sólidos y deterioro de recursos naturales como el río Chili en Arequipa. Estos desafíos ambientales están íntimamente ligados a la falta de políticas urbanas sostenibles.
A nivel de gobernanza, las políticas urbanas suelen ser inconsistentes y fragmentadas. La falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la priorización de intereses privados sobre el bien común son constantes que perpetúan el caos urbano. En este contexto, la percepción ciudadana de abandono por parte de las autoridades locales, como los alcaldes, es comprensible y refleja una desconexión profunda entre las instituciones y las necesidades de la población.
Garantizar el derecho a la ciudad en Arequipa y Lima exige una transformación estructural basada en la equidad, la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana. Esto implica el desarrollo de políticas públicas integrales que aborden de manera simultánea el transporte, la seguridad, la infraestructura y el medio ambiente. Solo con un esfuerzo conjunto entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado se podrán construir ciudades más inclusivas, habitables y resilientes, capaces de garantizar un futuro digno para todos sus habitantes.
