Un nuevo episodio de controversia se suma al proyecto minero Tía María, en Islay. esta vez 15 trabajadores del campamento minero sufrieron una intoxicación alimentaria tras consumir alimentos en aparente mal estado. Los afectados presentaron síntomas de gastroenteritis, incluyendo vómitos, diarrea y malestar general. Todos fueron trasladados a diversos centros de salud para recibir atención médica.
Fiorella Manchego, jefa de la posta médica de Cocachacra, señaló que 12 de los trabajadores intoxicados fueron atendidos en dicha posta. Mientras que uno tuvo que ser derivado a un establecimiento de salud en Mollendo debido a la gravedad de su condición. Otros tres trabajadores optaron por buscar atención en centros médicos privados.
Hasta el momento, Southern Perú, empresa a cargo del proyecto Tía María, no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente. Esto ha generado inquietud tanto entre los trabajadores como en la comunidad local.
Este episodio ocurre en un contexto marcado por tensiones sociales debido al rechazo al proyecto por parte de agricultores y pobladores del Valle de Tambo. Ellos temen los posibles impactos ambientales y sociales. La falta de explicaciones y acciones concretas por parte de la empresa ha intensificado las críticas hacia las condiciones laborales y de seguridad en el campamento minero.
El manejo de los protocolos de alimentación y salud en proyectos extractivos como Tía María es un tema recurrente de preocupación. Este incidente pone en entredicho la capacidad de Southern Perú para garantizar el bienestar de sus trabajadores. Además subraya la necesidad de una mayor supervisión estatal en las operaciones de las empresas mineras.
Organizaciones sociales y autoridades locales han instado a la empresa a emitir un informe detallado sobre lo sucedido. Además de implementar medidas preventivas para evitar futuros casos similares. Asimismo, han solicitado que este incidente sea incluido en las evaluaciones de impacto social del proyecto, mientras las tensiones en la zona continúan en aumento.
El caso refleja la complejidad de los desafíos operativos y sociales asociados a grandes proyectos mineros en el país. En medio de demandas crecientes por mayor transparencia, seguridad y sostenibilidad en la industria extractiva.
