El Ministerio Público expresó su preocupación por seis leyes recientes que considera afectan gravemente su autonomía y capacidad para perseguir el delito. Según un comunicado oficial, estas normas representan “un retroceso en la defensa de los derechos ciudadanos y el combate contra la criminalidad”.
Entre las leyes cuestionadas destaca la 32107, que restringe la aplicación de figuras como crímenes de lesa humanidad. Para la Fiscalía, esta norma limita las herramientas legales para abordar violaciones graves de derechos humanos con sentencias firmes, debilitando la justicia transicional.
La ley 31990, que limita el tiempo para corroborar colaboraciones eficaces, y la 32181, que elimina la prisión preventiva para policías que usen armas en actos de violencia, también fueron señaladas. La Fiscalía argumenta que estas medidas obstaculizan investigaciones críticas y garantizan impunidad.
También te podría interesar: Delincuentes en auto roban a madre de familia
Otra norma polémica es la Ley 31751, conocida como “Ley Impunidad”, que reduce los plazos de prescripción de delitos graves, dificultando su persecución. Además, las leyes 32108 y 32182 complican la sanción de organizaciones criminales y permiten la sanción arbitraria de jueces y fiscales, respectivamente.
En paralelo, el Poder Judicial ha instalado una comisión liderada por su presidenta, Janet Tello, para analizar estas modificaciones legales. Este grupo, integrado por destacados magistrados, busca evaluar el impacto de estas leyes sobre el sistema de justicia y proponer medidas correctivas.
La crítica hacia estas leyes no solo viene del Ministerio Público y el Poder Judicial, sino también de diversos sectores de la sociedad civil. La preocupación radica en que estas reformas puedan generar un entorno de impunidad, debilitando el combate al crimen organizado y la protección de los derechos humanos.
