El Poder Judicial anuló el juicio oral contra Keiko Fujimori en el ‘Caso Cócteles’, donde es investigada por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. Se adoptó esta medida tras una sentencia del Tribunal Constitucional que invalidó la acusación fiscal contra José Chlimper, exsecretario de Fuerza Popular.
La decisión del colegiado, integrado por Juana Caballero, Nayko Coronado y Max Vengoa, dispone que el caso retorne a la etapa intermedia para corregir observaciones señaladas por el Tribunal Constitucional. Esta medida busca garantizar que las acusaciones sean claras y congruentes con el debido proceso legal.
El magistrado Max Vengoa advirtió que avanzar con una imputación deficiente podría poner en riesgo el principio de congruencia procesal, generando incertidumbre para los acusados. La defensa de Fujimori tendrá oportunidad de plantear nuevas excepciones en esta fase previa al juicio.
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La anulación del juicio también alcanzó a José Chlimper, procesado por los mismos delitos. El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional ordenó la revisión de la fase investigativa, alineándose con el fallo constitucional que señaló vicios en la acusación fiscal.
En respuesta, el fiscal José Domingo Pérez y la Procuraduría interpusieron un recurso impugnatorio para revertir la anulación. La Fiscalía sostiene que esta decisión retrasa innecesariamente un caso que es objeto de investigaciones extensas durante años.
Este retroceso judicial se produce en un contexto de constantes críticas a la celeridad y eficacia del sistema judicial peruano en casos emblemáticos de presunta corrupción. El retorno a la etapa de control de acusación prolonga aún más el desenlace del proceso.
La anulación del juicio oral no implica la absolución de Fujimori ni Chlimper, sino una revisión del procedimiento previo. La expectativa sobre el futuro del caso sigue dividiendo opiniones. Unos ven una posible demora en la justicia y otros consideran la medida un resguardo del debido proceso.
