El gobernador Rohel Sánchez insiste en rodearse de personas que tienen problemas con la justicia por haber cometido presuntos actos de corrupción. Y es que otro de sus funcionarios que lo acompaña desde el año pasado fue investigado por el delito de negociación incompatible. También tuvo conductas reprochables, pues la Policía lo intervino por conducir en estado de ebriedad.
Se trata de Edwin Jimmy Loza Huaracha, quién ocupó al menos dos cargos en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Primero fue designado por el propio gobernador como Subgerente de Ejecución de Proyectos de Inversión de la Gerencia Regional de Infraestructura y luego como especialista técnico y profesional de la misma gerencia. Incluso fue puesto en planilla dorada con un sueldo de 8 mil soles mensuales.
Del círculo de Manuel Vera
Antes de ingresar a la entidad regional, Loza Huaracha fue funcionario de confianza del alcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes. En el 2011 se desempeñó como gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, un cargo de confianza directa del burgomaestre. Durante esa gestión, ambos fueron incluidos en una investigación penal por favorecer a una empresa que ejecutaba un proyecto deportivo.
Al hoy funcionario del gobernador Rohel Sánchez el Ministerio Público le atribuyó haber sido parte de una tramoya para favorecer al Consorcio Panamericana, que ejecutó el proyecto “Mejoramiento y ampliación del complejo deportivo Rayo Chachani, en el pueblo tradicional de Zamácola, distrito de Cerro Colorado”.
Según la hipótesis fiscal, autorizó la paralización de la obra sin un sustento técnico, generando que a la contratista se le conceda un plazo mayor al estipulado contractualmente, con la finalidad que no se haga efectivo el cobro de la penalidad por incumplimiento del plazo de ejecución.
Lo acusaron de favorecimiento
La investigación data del año 2010, cuando la gestión de Manuel Vera aprobó el proyecto valuado en 600 millones 314 mil soles. Sin embargo, el proceso tuvo una serie de irregularidades desde la licitación pública hasta la recepción de la obra. Y en esta trama Edwin Loza Huaracha también tuvo participación.
En su momento, la Fiscalía encontró que el Consorcio Panamericana no cumplía con los requisitos para ganar la licitación pública N° 009-2010-MDCC. El Comité de Selección le otorgó la buena pro tras obtener 83 puntos en el concurso público, a pesar de que no acreditaba la experiencia en obras similares. El proceso nunca se declaró desierto y la compañía ganó la buena pro.
Después de iniciar los trabajos, la contratista solicitó una primera ampliación de plazo y posteriormente una paralización de obra, argumentando una falta de conexión de agua potable y energía eléctrica trifásica. El entonces gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Edwin Jimmy Loza Huaracha, suscribió el acta de paralización, mediante la cual se le otorgó a la contratista una paralización por un período de 15 días hábiles. Sin embargo, en ese periodo tampoco se ejecutaron trabajos de Seal y Sedapar, sino que se aprovechó el tiempo para ejecutar partidas que no se culminaron a tiempo como la instalación de pisos sintéticos.
Al final, el consorcio culmina el proyecto con 58 días de retraso, pero está dilación se maquilló con dos adicionales que no correspondían y la paralización de obra que permitió Loza Huaracha. Es así que, la empresa dejó de pagar la suma de 422 mil 654 soles por penalidades por incumplimiento del plazo contractual.
También hubo fallas en la construcción de las escaleras y en la instalación de las termas eléctricas para las duchas, ya que la empresa redujo sin permiso la capacidad de almacenamiento de agua y no colocó cantoneras en las gradas, ahorrándose miles de soles en estos trabajos estaban contemplados en el expediente técnico.
Al final, el Poder Judicial declaró fundada la extinción de la acción penal por prescripción y en consecuencia se dictó sobreseimiento de la causa en favor del funcionario y los otros investigados. Es decir, su proceso terminó porque se agotó el tiempo durante las investigaciones, pero eso no quita su supuesta participación en actos de corrupción.
Este medio acudió a la sede central del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para buscar al trabajador en cuestión, pero nadie no dio razón. En la Gerencia de Infraestructura sólo argumentaron que no están autorizados para declarar.
Intervenido por la PNP
Edwin Lazo Huaracha también fue intervenido por los agentes de la PNP en el 2022 conduciendo en estado de ebriedad. Según el acta policial a la accedió Revelación.pe, conducía su vehículo de marca Ford, modelo Ranger XL con síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas.
Tras los resultados de alcoholemia, se determinó que manejaba bajo los efectos del alcohol, motivo por el cual fue detenido por el delito de peligro común y su vehículo fue internado en el depósito. Luego resolvió su situación. Aún con estos antecedentes, el gobernador le entregó su respaldo y lo premió con puestos clave dentro del Gobierno Regional de Arequipa.
El consejero regional por Arequipa, César Huamantuma Alarcón, criticó la designación del funcionario público por su presunta participación en actos de corrupción. En ese sentido, pidió que se le quite la confianza del cargo de especialista técnico que hoy ostenta.
“Lamentablemente esta gestión no está filtrando antecedentes de este tipo de funcionarios. Si bien no es una imposibilidad para contratar, éticamente es altamente cuestionable. Para mí, deberían de retirarlo inmediatamente. Pero eso no va a pasar ya que tuvimos a un gerente que fue encontrado con una sentencia y al gobernador no le interesó. Una persona con ese tipo de cuestionamientos no debería trabajar en la gestión pública porque pone en duda todos los recursos que se estén manejando”, declaró Huamantuma a Revelación.pe.
La misma postura de crítica adoptó el consejero Miguel Ángel Linares, quién señaló que el gobernador no tiene cuadros técnicos para sacar adelante su gestión. “Lamentablemente no entendemos por qué el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) se sigue rodeando de funcionarios que han sido denunciados. Más allá de que los procesos no determinen su culpa por la prescripción de tiempo, es cuestionable. Habiendo tantos profesionales de carrera, por qué seguimos teniendo este tipo de funcionario. Y más aún si son delitos tipificados como graves”, dijo.
