La decisión judicial tomada en segunda instancia, sobre el caso de tráfico de terrenos en la Asociación Jardines de Chachani, ilustra cómo la justicia en Arequipa se ha convertido en una parodia. El exalcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, conocido por sus promesas vacías y condenado en primera instancia por sus estrechos vínculos con traficantes de terrenos, ha logrado esquivar las consecuencias de sus actos gracias a un sistema que sigue protegiendo al poder.
La revocación de la sentencia de cinco años contra Zegarra por el delito de cohecho pasivo propio es un claro ejemplo de ello. Lo más indignante de este proceso no es solo la nulidad de la sentencia inicial, sino el cinismo de quienes, con el respaldo de instituciones corruptas, se han enriquecido a costa de la ciudadanía, lo que sabemos que pasó precisamente en este caso.
No menos grave es la postura del Ministerio Público, que si bien hace su trabajo al presentar cargos, parece carecer de la firmeza necesaria para actuar de forma contundente. Al final, en esta historia, el impacto de sus acciones ha sido nulo, y sus intentos de procesar a los corruptos se ven reducidos por cada recurso legal y cada maniobra dilatoria. La justicia, en este caso, no sirve como herramienta para buscar la verdad, sino como una fachada para empañarla.
Es evidente que Arequipa necesita una limpieza profunda en sus instituciones judiciales y políticas. Mientras la corrupción toma cada rincón de nuestra ciudad, la pregunta sigue siendo: ¿Cuándo se hará realmente justicia? Esperemos que el nuevo juicio en el caso de Zegarra no termine de quitarnos la fe. Lamentablemente, esta historia es una más en una larga cadena de experiencias similares. Los ciudadanos merecen respuestas, pero con cada sentencia que revoca o absuelve, la verdad se diluye cada vez más.
