La Contraloría General de la República implementó un servicio para recopilar información sobre la contratación de personal de la Oficina Legal y Constitucional en el Congreso de la República, correspondiente al periodo 2023-2024. Esta medida se toma en el marco de las investigaciones sobre una presunta red de prostitución en el Parlamento.
Y es que el nuevo escándalo del Congreso se dio tras el asesinato de la extrabajadora de dicha área, Andrea Vidal. Esto ha centrado la atención en la Oficina Legal y Constitucional, donde habrían contratado personal no calificado. La Contraloría verificará si las contrataciones se realizaron conforme a la normativa vigente.
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Irregularidades detectadas
Por otro lado, entre agosto y diciembre de 2024, la Contraloría General emitió más de 36 mil alertas sobre situaciones adversas en la administración pública. Se envió 19 mil 569 informes de control a las diferentes entidades gubernamentales a nivel nacional, regional y local.
Los sectores que recibieron más advertencias fueron Educación con 5 mil 582 observaciones; Transportes con 3 mil 777; Salud con 3 mil 669; Saneamiento con 2 mil 671; y Ambiente con 2 mil 504. También identificaron 305 alertas en el sector de Comunicaciones, lo que refleja la amplia cobertura del control simultáneo.
El uso adecuado de los recursos públicos sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país. Es fundamental garantizar la transparencia en el sector público. Sin embargo, la falta de un control efectivo y una fiscalización rigurosa continúa siendo un obstáculo para mejorar la gestión de los fondos estatales.
No obstante, el servicio que Contraloría inició con relación al Congreso, marca un paso importante en las investigaciones. Las pesquias del ente control se suman a las del Ministerio Público para resolver este caso que involucra a altos funcionarios.
