Mediante el informe de control N° 030-2024-OCI-5183-SCC, la Contraloría de la República identificó que el Consorcio Copemane incumplió la ejecución de órdenes de servicio para el mantenimiento de la red eléctrica de Seal. Inicialmente, este contrato tenía un valor de S/ 96 millones 116 mil, pero sufrió cambios cuando se anuló uno de los ítems adjudicados al consorcio Los Libertadores, por S/ 45 millones 173 mil. Esto dejó a Copemane como único ejecutor del contrato.
Durante el proceso, para incluir prestaciones adicionales, se firmaron tres adendas por un valor de S/ 9 millones 369 mil. Estas adendas contemplaron servicios de mantenimiento de redes, subestaciones y alumbrado público, bajo la supervisión de la Gerencia de Operaciones.
El informe señaló que el Consorcio Copemane cumplió 1,341 órdenes de servicio, fuera de plazo. Y dejó 1,143 órdenes inconclusas, fuera del plazo establecido. Estos incumplimientos afectaron directamente la atención de emergencias, el alumbrado público y la ampliación de redes eléctricas. En Mollendo-Islay y el Valle del Colca-Caylloma, aproximadamente el 57 % de las órdenes se ejecutaron fuera del tiempo estipulado.
El consorcio continuó ofreciendo un desempeño cuestionable, lo que debilitó los objetivos planteados en el contrato, que tenía un plazo de ejecución de 1095 días.
También te podría interesar: Capturan a estibador acusado de violación en Arequipa
El 3 de diciembre de 2024, durante una inspección encabezada por el jefe zonal Marco Antonio Medina Quiroga y la supervisora del Consorcio Copemane, Leslie Tassara, la comisión de control descubrió intentos de engaño. El chofer de la cuadrilla, Renato Junior Morales García, no presentó su licencia de conducir. Indicó que había olvidado su licencia en un taller, pero las verificaciones confirmaron que esta estaba suspendida desde abril de 2024.
Por su parte, Leslie Tassara se negó a firmar el acta de verificación de la inspección realizada por la Comisión de Control. No obstante, Tassara figuraba como supervisora en los documentos internos, pero no contaba con la habilitación necesaria del Colegio de Ingenieros del Perú. Este hecho constituye un incumplimiento en su contrato.
La Contraloría advirtió que los reiterados incumplimientos podrían derivar en sanciones aplicadas por Osinergmin. Estas irregularidades no solo comprometen el cumplimiento de las metas del servicio eléctrico, sino que también generan dudas sobre la transparencia del proceso y la eficacia del consorcio adjudicatario.
Las fallas registradas en este contrato reflejan cómo una supervisión inadecuada y una ejecución deficiente afectan sectores esenciales como el eléctrico, dejando a miles de usuarios expuestos a servicios de baja calidad. La Contraloría solicitó que se adopten las acciones preventivas y correctivas de estos problemas.
