La Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), que ocasionaron un perjuicio económico de 37 mil 226 soles. Según el informe de control específico Nº 051-2024-2-0210, exfuncionarios y trabajadores actuales cometieron estas irregularidades.
El documento detalla que exautoridades autorizaron pagos indebidos a Jonathan Arthur Aguilar Carpio, quien no mantenía un vínculo contractual con la universidad. Estos pagos, realizados mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) durante 2023, no contaron con documentación respaldatoria.
La investigación expone seis ampliaciones de certificaciones presupuestarias. Por ejemplo, en la orden de servicio Nº 3482, asignada originalmente a Carmen Rosa Villalobos López para labores de consejería y limpieza, esta se amplió por 4 mil 050 soles a favor de Jonathan Aguilar. En otra orden, destinada a Verónica Pino Hidalgo para servicios de marketing digital, se amplió el servicio en 7 mil 500 soles.
Pero eso no es todo, las ampliaciones seguían. La orden Nº 4910, asignada para Fany Yuliana Campos Ihui en la oficina de Gestión de Calidad, se amplió por 7 mil soles. Otro caso es el de la orden de servicio Nº 4594, asignada para María Fernanda Velásquez Cano en la unidad de Logística, que se amplió por 9 mil soles. Por último hubieron dos órdenes de servicio que también se ampliaron por 9 mil y 7 mil 700 soles para consejería y limpieza. Todas las ampliaciones se realizaron a favor de Jonathan Aguilar.
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La Contraloría señaló a varias personas que autorizaron los pagos irregulares a Aguilar. Jeans Oscar Valladolid Romero, exdirector general de Administración, permitió un desembolso indebido de 9 mil soles sin la documentación correspondiente. Por su parte, Leoncio Gumercindo Ccalloapaza Canaza, exjefe de Tesorería, procesó pagos por un total de 37 mil 226 soles.
Otros implicados incluyen a Lizbeth Salcedo Gómez, exgiradora SIAF-RP de Tesorería; Marvin Condori Almirón, exresponsable suplente del manejo de cuentas; Stephanie Calcina Ramos, jefa de la Unidad de Presupuesto; Giovanna Basurco Yauri, encargada del Registro del Compromiso de Presupuesto; Bruno Paz Carbajal, operador del SIAF, y Richard Arroyo Mateo, especialista en SIAF.
La Contraloría de la República dio como recomendaciones al procurador público iniciar acciones penales contra los funcionarios y servidores comprometidos en los hechos de pagos indebidos a Jonathan Aguilar. Esto con la finalidad de que se determine la responsabilidades que correspondan. Estas medidas buscan esclarecer el caso y recuperar el daño económico causado a la universidad.
