La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República investiga una presunta red de prostitución que involucraría a trabajadoras y funcionarios del Parlamento. Juan Burgos, quien preside el grupo, solicitó grabaciones de cámaras de seguridad para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
No obstante, en el marco de las indagaciones, el congresista Carlos Zeballos reveló que identificaron videos con contenido inapropiado relacionados con una de las implicadas. Los investigadores encontraron estos materiales en redes sociales y los analizarán como parte de las pruebas clave en el caso.
Zeballos señaló que ya identificaron a cuatro mujeres vinculadas a la presunta red. Según el parlamentario, investigarán a fondo a estas personas y verificarán sus movimientos dentro del Congreso mediante los registros de las cámaras de vigilancia.
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Por otro lado, Isabel Cajo, ex trabajadora parlamentaria vinculada al caso, denunció el robo de su celular, donde, según afirmó, guardaba información relevante. Sin embargo, imágenes difundidas por la Municipalidad de Magdalena contradicen su relato y generan dudas sobre la veracidad de su versión.
El congresista Carlos Zeballos criticó el impacto de estos eventos en la imagen del Parlamento y afirmó que “esto genera un grave desprestigio para la institución”. También cuestionó la contratación de Cajo, quien, pese a no tener título profesional, percibía un salario elevado y ascendió rápidamente en el Congreso.
En paralelo, Carlos Zeballos solicitó la destitución del Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez, a quien acusó de interferir en las investigaciones contra Jorge Torres Saravia, señalado por presunta explotación sexual. La polémica amenaza con provocar mayores repercusiones institucionales.
El caso ha destapado graves denuncias que afectan no solo la credibilidad del Parlamento, sino que también obligan a dar respuestas claras sobre el manejo de recursos y la transparencia en las contrataciones.
