La difusión de conversaciones entre Duberly Otazu, gerente ejecutivo de Autodema, y Rosemary Vargas Centeno, una proveedora, revelaron presuntas irregularidades en el manejo presupuestal del Pasacalle Regional 2024, financiado con más de S/ 50 mil. Estas conversaciones también involucraron a Pedro Fuentes López, empleado de la Gerencia Regional de Agricultura, y a Luz Marina Zeballos, esposa del gobernador Rohel Sánchez.
Un medio local obtuvo el informe presupuestal del evento, que registra gastos oficiales de 50 mil 123 soles, destacando partidas como 40 mil 673 soles en hospedaje y mil 700 soles en alquiler de equipos de sonido. Sin embargo, el informe no incluye reembolsos de mil 500 soles por sillas y 3 mil 276 soles en refrigerios. Se aprobaron estos mediante resoluciones administrativas. Y los organizadores no reportaron las contribuciones privadas para el evento.
Los chats entre Otazu y Vargas revelaron procesos informales en la contratación de servicios de alimentación. En estos intercambios, Vargas reclamó pagos pendientes, mientras Otazu responsabilizó a Pedro Fuentes. “Moléstalo a Pedro” y “Agricultura es responsable” son frases extraídas de las conversaciones. En otro chat mencionaron la entrega de las polladas de Vargas. Pero, Otazu negó en una ocasión públicamente dicha acción.
También te podría interesar: Transcayma enfrenta multa tras accidente vial
Los mensajes también mencionan a “Luz Marina”, quien es identificada como la presidenta del Comité de Damas y esposa del gobernador regional. Según los chats, Zeballos habría estado involucrado en compromisos financieros que no se cumplieron. En uno de los mensajes, Vargas indica que recurrirá a ella para solucionar el impago.
El actual titular de la Gerencia de Agricultura, Julio Herrera Ojeda, se desvinculó de las deudas heredadas por su antecesor Abel Calderón. Este último, por su parte, rechazó cualquier vínculo con las contrataciones cuestionadas en el Pasacalle Regional 2024.
Este caso plantea serios cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión del Gobierno Regional de Arequipa y el uso de recursos públicos. Hasta ahora, las autoridades no han tomado medidas legales ni han determinado responsabilidades oficiales, dejando el tema abierto para futuras investigaciones. Con información de Correo Arequipa.
