En una decisión que podría cambiar el rumbo del financiamiento político en el Perú, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación un proyecto que permite a las empresas privadas volver a aportar a los partidos políticos. Con esta medida, el Congreso revirtió las restricciones establecidas tras los escándalos del caso Lava Jato, que destaparon graves irregularidades en la financiación de campañas electorales.
El proyecto introduce modificaciones importantes en el uso de los recursos estatales que reciben los partidos. Ahora, estas organizaciones podrán utilizar parte del financiamiento público para pagar a los abogados que defiendan a sus dirigentes. Además, los congresistas ampliaron los topes de los aportes de donantes privados, lo que probablemente generará un mayor flujo de recursos hacia las agrupaciones políticas.
Los promotores de esta iniciativa argumentan que el financiamiento privado fomenta el pluralismo político y la competencia electoral. Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, destacó que esta nueva medida contribuirá a garantizar la independencia de estas organizaciones, al evitar que dependan exclusivamente del dinero estatal.
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La decisión, sin embargo, desató críticas. Ruth Luque, legisladora del Bloque Democrático Popular, presentó una cuestión de orden para frenar el proyecto. Y aseguró que la Comisión Permanente carecía de facultades para modificar leyes orgánicas. A pesar de sus objeciones, el Congreso rechazó su recurso y continuó con la aprobación del proyecto.
Este cambio legislativo despertó preocupaciones sobre el riesgo de que los partidos políticos queden bajo la influencia de intereses corporativos. El retorno del financiamiento privado podría abrir la puerta a posibles casos de corrupción y conflictos de intereses. Esto especialmente si no se asegura una fiscalización efectiva y rigurosa de los aportes.
Con 14 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, el Congreso dio luz verde a la propuesta. El debate sobre las consecuencias de esta medida continúa abierto, con dudas sobre si promoverá la transparencia y el pluralismo político, o si reactivará problemas que podrían debilitar la democracia peruana.
