La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dio un paso clave en defensa de la autonomía del Ministerio Público al presentar dos demandas de inconstitucionalidad contra las leyes N° 32107 y N° 32130. El Congreso aprobó estas normas durante 2024, lo que generó preocupación en el organismo fiscal, ya que considera que afectan su independencia en el ejercicio de sus funciones.
El Ministerio Público, a través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter), informó sobre la acción legal que impulsa Espinoza. La publicación enfatizó que ambas leyes interfieren gravemente en la labor fiscal. Esto llevó a la Fiscalía a presentar las demandas ante el Tribunal Constitucional. Con esta medida, la institución reafirma su determinación de salvaguardar su autonomía frente a posibles injerencias políticas.
La ley N° 32107, promulgada en agosto de 2024, establece que nadie podrá ser procesado por crímenes de lesa humanidad o de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002. Esta disposición generó críticas al limitar las investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos y al potencialmente dejar impunes a los responsables de esos delitos.
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Por otro lado, la ley N° 32130, aprobada en octubre de 2024, modifica el Código Procesal Penal y asigna a la Policía la responsabilidad de realizar la investigación preliminar de los delitos. Esta norma relega al fiscal a definir la estrategia jurídica. Según la Fiscalía, esta acción vulnera su rol constitucional al reducir su capacidad para dirigir y supervisar las investigaciones penales.
Debilitamiento institucional
La Fiscalía considera que estas leyes representan una amenaza directa contra su autonomía, ya que interfieren en sus competencias y funciones esenciales. En ese contexto, Espinoza advirtió que permitir la vigencia de estas normas podría afectar la independencia de los procesos judiciales y debilitar la lucha contra el crimen organizado.
Con la presentación de estas demandas de inconstitucionalidad, se abre un debate crucial sobre la relación entre el Poder Legislativo y el Ministerio Público. El Congreso defiende que las leyes buscan fortalecer el sistema de justicia. Mientras que la Fiscalía denuncia que estas medidas constituyen una peligrosa interferencia capaz de socavar la institucionalidad democrática. Ahora, el Tribunal Constitucional deberá decidir si estas normas respetan los principios fundamentales del Estado de derecho.
