El gobierno de Venezuela intensificó su persecución contra el líder opositor Edmundo González Urrutia al ofrecer una recompensa de $100 mil por información que permita capturarlo. Exiliado en España desde septiembre, González asegura que ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio y prometió regresar el 10 de enero para asumir lo que considera su mandato legítimo.
Esta medida ocurre en medio de graves tensiones políticas. Nicolás Maduro se proclamó presidente para un tercer mandato, mientras el Consejo Nacional Electoral no publica los resultados detallados del escrutinio. La oposición denunció fraude electoral y señaló a González como el verdadero vencedor, lo que ha intensificado la polarización en el país.
La Policía Científica (CICPC) emitió un cartel de búsqueda y ordenó su distribución en aeropuertos y retenes policiales. Al mismo tiempo, España otorgó asilo político a Edmundo González el 20 de diciembre, desafiando las acusaciones de «conspiración» y «asociación para delinquir» presentadas por la Fiscalía venezolana.
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La crisis poselectoral ya cobró un costo humano significativo: 28 muertos, 200 heridos y más de 2 mil 400 detenidos en las protestas. Tres de los arrestados murieron bajo custodia, lo que intensificó las críticas internacionales por la represión en Venezuela. Más de mil 400 manifestantes fueron liberados bajo condiciones restrictivas.
La comunidad internacional se mantiene dividida sobre la legitimidad del gobierno de Maduro. Algunos países rechazaron su reelección, aunque enviarán representantes a su investidura el 10 de enero, mientras la oposición intenta obtener mayor respaldo global para su lucha democrática.
Edmundo González, al regresar al país, plantea un desafío directo al régimen de Maduro. Su retorno podría agravar la crisis política y social en Venezuela, ya marcada por protestas, represión y el debilitamiento del sistema democrático.
