La reciente designación de la suboficial técnico de primera PNP Ruth Ligarda Castro como agregada policial en España ha encendido la polémica en el ámbito político y judicial peruano. Ligarda, quien trabajaba como escolta personal de la presidenta Dina Boluarte, también figura como testigo en la investigación fiscal sobre la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
En conferencia de prensa, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, defendió la medida y aseguró que la jefatura del Estado Mayor de la Policía Nacional llevó a cabo un proceso de selección transparente. Adrianzén explicó que se evaluaron las actas e informes que sustentaban la decisión y los aprobaron por unanimidad.
“Ligarda Castro cumplió con labores excepcionales y cuenta con experiencia en inteligencia, además de no tener sanciones. Esta no fue una decisión improvisada”, afirmó Adrianzén, quien descartó cualquier indicio de favoritismo o irregularidad. No obstante, la cercanía de Ligarda a la presidenta y su rol en el caso de Cerrón han generado críticas y sospechas entre sectores opositores.
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El Ejecutivo asegura que esta designación no afecta su participación en procesos judiciales. Gustavo Adrianzén destacó que su traslado no interfiere con sus compromisos legales, ya que puede rendir declaraciones mediante canales virtuales. «No estamos cortando su vínculo con el Estado ni sus obligaciones como ciudadana», añadió.
A pesar de estas explicaciones, algunos expertos han cuestionado el momento elegido para esta decisión. Algunos señalan que podría interpretarse como un intento de dificultar su participación en la investigación sobre la fuga de Cerrón. Este caso ha despertado un amplio interés público y político. La oposición ha exigido mayor transparencia en el proceso y garantías de que no se obstaculizará la justicia.
Esta controversia ha colocado en el centro del debate las prácticas gubernamentales y su influencia en investigaciones sensibles. Para muchos, la decisión refuerza la percepción de un manejo discrecional de cargos estratégicos, mientras que el Gobierno insiste en que actuó conforme a las normas.
