El 19 de diciembre, Quintín Laura, vendedor de periódicos por más de 40 años, fue desalojado de su habitual puesto en la Av. Socabaya para la culminación de obras de adoquinado. Sin embargo, tras finalizar los trabajos, la Municipalidad de Socabaya mantiene vigilancia constante para evitar que retome el lugar.
El municipio asignó a cinco trabajadores de diversas áreas para cumplir esta tarea. Desde las cinco y media de la mañana hasta la tarde, este personal permanece en el sitio. Esto ha generado cuestionamientos sobre la prioridad dada a esta labor frente a otras necesidades del distrito.
María Laura, hija del canillita, calificó estas acciones como un acto de ensañamiento y represalia contra su padre. Afirmó que Quintín Laura ya había denunciado previamente abusos por parte de las autoridades municipales, lo que, según ella, motivó estas medidas que afectan directamente el sustento de su familia.
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El uso de personal municipal para impedir la ocupación de un pequeño espacio público ha desatado críticas sobre la eficiencia en la gestión de recursos. Algunos vecinos cuestionaron la desproporción de las medidas, mientras que otros sugirieron que el municipio debería abordar problemas más urgentes en el distrito.
Se conoció que el sueldo promedio de los cinco trabajadores asignados bordea los mil 200 soles mensuales, lo que representa un gasto superior a 6 mil soles al mes. Este monto, destinado únicamente a vigilar la zona, ha intensificado las críticas sobre el uso inadecuado del presupuesto municipal en Socabaya.
Esta asignación de recursos humanos y económicos plantea dudas sobre la capacidad del alcalde Roberto Muñoz para establecer prioridades. Vecinos de la zona señalaron que este caso refleja problemas estructurales en la administración pública, que prioriza acciones simbólicas por encima de soluciones integrales.
En julio de 2023, más de 20 trabajadores de la municipalidad distrital de Socabaya, entre serenos y personal de fiscalización, desalojaron a Quintín Laura. Durante el operativo, agredieron al adulto mayor. Posteriormente, la Contraloría General de la República determinó que la intervención realizada por el municipio fue ilegal, dado que los canillitas gozan de una normativa especial que prevalece sobre las disposiciones de los municipios locales.
